OBSERVACIONES GENERALES Y REFERIDAS A ESTUDIOS DE LA CRIÓSFERA
En las últimas horas tomo estado público el acuerdo que el Ministerio de Defensa y la provincia de San Juan alcanzaron para la administración de la Estancia Los Manantiales y en ese primer borrador que manejan las autoridades queda claro que el camino de acceso al proyecto Pachón y a otros proyectos en exploración en la zona, quedará dentro de las incumbencias provinciales.
De acuerdo con lo que informó el diputado nacional Walberto Allende, el Estado sanjuanino tendrá la administración de gran parte de la Estancia Los Manantiales para proteger ambientalmente la zona y organizar, de manera sustentable, las actividades productivas que ya se desarrollan y puedan efectuarse en el futuro.
El acuerdo aún no es convalidado por la comunidad calingastina o sus autoridades, pero por primera vez encuentra un camino para frenar la declaración que buscaba dejar toda el área como reserva natural, lo que prohibiría la ejecución de actividades agropecuarias, mineras y todo tipo de industrias.
La Estancia Los Manantiales pertenece al Ministerio de Defensa y sus funcionarios aprobaron que dicha cartera conserve poco más de 121 mil hectáreas para la Reserva Natural, mientras que la provincia tendrá el control de 254 mil hectáreas (el 67 por ciento del total) para crear un Área Protegida.
Clave para Pachón
El Área Protegida provincial incluirá el camino de acceso a la mina El Pachón, las áreas de agricultura sobre el río Blanco, las zonas utilizadas por los pobladores para veranadas, el Club Andino Mercedario, el Club de Ski San Juan y el Refugio de montaña de la Escuela Boero.
Esa zona es clave también para el proyecto Altar y Los Azules, ambos en Calingasta.
El caso se conoció luego de que el diputado nacional santafesino Germán Martínez presentara un proyecto para declarar como Reserva Natural de la Defensa a una serie de regiones del país, entre las que se encontraba Los Manantiales.
Esa declaración prohíbe “la explotación agropecuaria”, “la instalación de todo tipo de industria, sea o no contaminante”, “la exploración minera” y “los asentamientos humanos, sean permanentes o no”, entre otros ejes.
La iniciativa obtuvo el rechazo no sólo en el Gobierno provincial, sino también en el municipio de Calingasta y en los emprendedores turísticos del departamento. Sucede que, de sancionarse la norma tal cual estaba, iba a afectar las actividades económicas que ya realizan unas 400 familias, las que están vinculadas a la agricultura y el turismo, además de limitar la expansión de futuros emprendedores en esos rubros.
Minería & Desarrollo con información del Diario de Cuyo
