Los industriales se mostraron a favor de los lineamientos generales de la Ley Bases, pero en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones por considerar que podría “fomentar la competencia desleal”.
Las afirmaciones sorprenden luego de que el sector minero respaldara públicamente el régimen que permitiría atraer las inversiones necesarias para poner en marcha grandes proyectos que hasta el momento no han podido conseguir financiamiento para avanzar hacia la construcción y de esa manera se activarían las cadenas de valor que incluyen justamente a industriales y metalúrgicos.
“Los representantes destacaron la importancia de contar con un régimen que dinamice las grandes inversiones, pero advirtieron que la actual configuración del capítulo podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales”, anunciaron los industriales tras una reunión de la junta directiva.
Además, “remarcaron la importancia de desarrollar las cadenas de valor para consolidar el entramado productivo, apalancar a las pymes y generar empleo de calidad en todas las regiones del país”, agregaron en el cuestionamiento al régimen propuesto por el gobierno nacional y que ya obtuvo el visto bueno en Diputados.
Los metalúrgicos se mostraron también en esa sintonía al asegurar que el RIGI “atenta directamente contra la producción nacional de los bienes destinados a estos proyectos, al otorgar un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”.
En un documento que la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) envió a todos los senadores de la Nación señalaron que es “de suma relevancia se revean los Art. 169, 187 y 190, con el objetivo de igualar las condiciones para la industria nacional y promover el desarrollo de eslabonamientos productivos locales. De lo contrario, se verán en peligro el sostenimiento de las empresas del sector, mayoritariamente pymes, junto a las fuentes de trabajo que las mismas generan”.
Finalmente, apuntaron que “los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI no están acompañados de obligaciones (transferencia de tecnología, condiciones de compra local, entre otros) por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país“.
