El Canal de noticias La Nación (LN+), dio cuenta ayer que entre los organismos del Estado donde la justicia busca información por la contratación de seguros que habrían generado ganancias multimillonarias en comisiones a unas cuantas empresas que intermediaron en esas operaciones se encuentra el ente minero.
La información se desprende de las medidas que está disponiendo el juez Julián Ercolini y que incluyó oficios a la Policía Federal para buscar documentación que permita dimensionar los montos involucrados en lo que podría ser una de las mayores causas de corrupción de la historia argentina y una de las más importantes a nivel mundial, si es que se confirman algunas de las presunciones de las denuncias que dieron origen a las investigaciones.
En el caso del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se trata teóricamente de un Organismo Nacional científico-tecnológico responsable de la producción de conocimiento e información geológica, tecnológica, minera y geológica ambiental del territorio de la República Argentina y plataforma continental, aunque en los últimos años dista mucho de cumplir ese rol.
Un organismo que debería ser eminentemente técnico, aparentemente habría servido para aprovechar una plataforma que permitía generar millonarios fondos para los intermediarios en la contratación de seguros del estado.
Casualmente (o no tanto), las ultimas gestiones del Servicio Geológico Nacional distaron mucho de dotar al organismo de científicos. Segemar cuenta hoy con una planta que es mas del triple que la de la Secretaría de Minería, con más del doble de presupuesto y una autonomía que le ha permitido contrataciones en sus 12 centros regionales que exceden la capacidad de los puestos de trabajo de los mismos.
Cabe trazar aquí un paralelismo con lo que le ha ocurrido a YCRT, historia por demás conocida y que ha venido mostrando también un severo deterioro desde que la Asociación de Trabajadores del Estado tomó el control operativo del organismo minero. Dicho deterioro no solo se evidenció en el cierre del Museo Minero, sino en los millones de pesos que se han invertido en planificar uno nuevo, por supuesto sin haber colocado un solo ladrillo aún. Basta con ingresar hoy a los edificios que posee el Servicio Geológico para entender que la influencia de los sindicatos es más que elocuente, al punto de haber nombrado en el cargo de la Secretaría Ejecutiva a una autoridad de ATE, durante toda la gestión del presidente Alberto Fernández y su amigo el ministro Matías Kulfas, algo por demás sugestivo.
Las medidas dispuestas por la justicia incluyen, que los intermediarios que hoy se conocen que cobraban por aparentemente no hacer nada, entreguen toda la documentación relacionada a su participación en los seguros tomados por particulares o empleados del Estado.
Brokers y minería
Según precisó Infobae, entre las firmas, se destacan tres grandes jugadores del mercado internacional de los seguros: Aon Risk Services Argentina SA, Marsh SA y Lockton Soc. de Productores Asesores de Seguros, una firma que llegó hace pocos años al país.
Muchas de ellas, ligadas a la actividad minera en la Argentina y que de confirmarse la investigación quedarían involucradas en lo que puede convertirse un una estafa e imposibilitadas de trabajar con ecosistema minero por temas de “compliance”.
Eso motivó que muchos operadores mineros revisen el listado de brokers de seguros y sus intermediarios con los que trabajan a fin de salvaguardar posibles consecuencias o secuelas de haber trabajado con empresas involucradas en hechos de corrupción.
En lo que se va conociendo hasta hoy aparece un grupo de intermediarios con vínculo estrecho con el Estado: Aspen Brokers, Bachellier (vinculada a Héctor Martínez Sosa), Bri Brokers, y Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019.
Esas firmas recibieron el mismo oficio para que entreguen “toda la documentación referida a las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado Nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023″.
Nación Seguros
El juez también les pidió los documentos sobre “las contrataciones de seguros o convenios celebrados con “Nación Seguros SA”, bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro, y las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones, y toda otra documentación que resulte de interés para la investigación”.
La División Operaciones Federales de la Policía Federal recibió 27 órdenes de presentación, pero tenía la orden de hacer uso de la fuerza pública si alguien se resistía a entregar la documentación. No fue necesario.
En el listado de intermediarios apuntados en esta primera etapa de la investigación también se destacan Promecor Productora de Seguros, una firma ligada a Julio Comparada (ex presidente de Independiente), Net Broker SA, Valiant Brokers SA y Madero Asesores de Seguro SA.
Además, hay doce personas físicas y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.
Minería & Desarrollo | Infobae | Agencias
