No está claro el panorama dentro del mundo empresario minero. Las nuevas disposiciones en torno a las retenciones mineras pusieron en veredas enfrentadas a muchos de ellos. Mientras que los proyectos que están más cerca de la construcción (Josemaría o Pachón) vieron como un paso adelante las nuevas medidas dispuestas, desde las cámaras sectoriales salieron con los tapones de punta para rechazarlas y las llegaron a tildar de “ilegales”.
Las posiciones encontradas discurren respecto a la decisión de aplicar un esquema de retenciones móviles, es decir con alícuotas progresivas de acuerdo con el precio internacional del mineral.
El régimen anunciado será optativo, por lo que prevé aplicarse para las compañías que se inscriban, y solamente para el mineral del cobre (no incluye al Litio, Oro o Plata).
En la práctica, las empresas que no adhieran mantendrán la alícuota fija que rige actualmente, del 4,5%. Las que se inscriban, podrán usar el esquema variable: los derechos de exportación variarán entre 0% y 8%, según el precio internacional del cobre. En cualquier caso, la definición se debe realizar antes de iniciar el proyecto y permanece durante 30 años.
Lundin SI y Pachón SI
La empresa Lundin emitió anoche un comunicado en el que dejó en claro que se trata de una medida que ve con buenos ojos, pero que quiere estudiar “para analizar el detalle de la misma”.
“En relación a las consultas recibidas sobre el anuncio realizado el pasado 13 de junio por el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, sobre un nuevo régimen de impuesto a la exportación que se aplicará a la industria del cobre, Josemaría expresa su expectativa hacia el nuevo esquema que sustituye -para aquellas empresas que así lo elijan-la actual tasa fija del 4,5% para los impuestos a la exportación de cobre”, destaca el comunicado de la empresa.
“Entendemos que esta tasa variable, que oscila entre el 0% y el 8%, acompañaría mejor el ciclo del precio del cobre y la demanda global y, en ese sentido, daría más previsibilidad a empresas e inversores”, expresó Alfredo Vitaller, director general de Josemaría.
Deprominsa, empresa propietaria de Josemaría, revisará la nueva medida a fin de determinar los impactos en el Proyecto, el cual actualmente se encuentra en una etapa de pre-construcción e ingeniería básica.
Desde la empresa Glencore Pachón, Jorge Sausset, el gerente de Desarrollo Sostenible de la compañía, expresó que “en una primera mirada y sin profundizar creemos que es una medida buena porque da reglas más claras para el futuro. Si bien no hemos analizado internamente la disposición, entendemos que da previsibilidad al sector y que da una buena imagen a nivel internacional”.
Gobierno: Dos veces SI
La disposición del titular del palacio de Hacienda cayó muy bien en el Ministerio de Minería de San Juan y en la secretaria de Minería de la Nación desde donde se articularon las reuniones con las empresas, el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.
Cámara Minera y CAEM: Dos veces NO
Las posturas de Josemaría y de Pachón abrieron una grieta con la posición de las cámaras empresarias que directamente salieron a marcar que la disposición del ministerio de Economía “son violatorias de las ley 24196 de Inversiones Mineras”, como lo hizo Mario Hernández primero por comunicado y luego en una entrevista con LV1 Radio Colón.
La división perjudica a todo el sector minero que espera posiciones claras de su dirigencia a la hora de empujar inversiones millonarias que tienen un impacto no solo económico sino en lo social, en el desarrollo de nuestras comunidades.
Miguel Martín y Danisa Páez | Minería & Desarrollo
