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Chile decide la semana que viene si puede nacionalizar todos los proyectos mineros

Sus convencionales constituyentes tomaran decisiones que pueden afectar la capacidad de la industria minera para satisfacer la demanda de metales y debatirán la propiedad de los yacimientos al establecer nuevas normas para limitar la propiedad privada.

Esas decisiones -asegura el sector minero chileno- afectarían la capacidad de la industria minera para satisfacer la demanda de los metales de se utilizan para fabricar baterías, como cobre y litio, lo mismo que la seguridad jurídica de toda la economía del vecino país.

La discusión de los convencionales se centrará en la discusión que busca reemplazar las concesiones ilimitadas en el sector minero, por un sistema de permisos temporales, en el mejor de los casos de las iniciativas que hoy se debaten.

Estas son parte de una serie de propuestas modificadas de la comisión de medio ambiente de la Convención que se dirigen a una votación —que podría ser final— en el pleno.

El Agua y el Viento

Además, el lunes, la Convención decidirá sobre un artículo que consagraría el agua y el viento como activos naturales que se pueden usar bajo permisos, pero no en condición de propiedad. Otra medida que se someterá a votación prohibiría cualquier actividad que impacte la criósfera, incluidos los glaciares.

Desde que una explosión de protestas masivas en 2019 condujera a un proceso para redactar una nueva Carta Magna, la industria del cobre ha estado presionando para mantener el modelo de concesión indefinida, que dice que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.

Sin esa certeza legal, no está claro qué parte de los proyectos por casi US$70.000 millones para esta década se concretaría.

Eso se traduciría en una gran merma para la economía chilena, que depende del cobre, además de ejercer más presión sobre los ajustados mercados mundiales de metales en un momento de aceleración de la demanda a medida que el mundo trata de dejar de usar combustibles fósiles.

Reemplazar los derechos de explotación por permisos temporales y revocables “debilita la capacidad de hacer proyectos, de financiar los mismos y finalmente desarrollarlos”, dijo Rodrigo Álvarez, constituyente del partido de derecha UDI.

Minería & Desarrollo/ Agencias