Una reunión en el hotel del Bono desencadenó fuertes cuestionamientos internos dentro de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) que llegaron incluso a descalificaciones personales y hasta cartas notariales por lo que allí se dijo.
En el medio se dieron cuestionamientos también por el manejo de la entidad y denuncias por la aparente pérdida del CUIT de la misma que la inhabilitaría para gestiones institucionales y que complicaría sus presentaciones de impuestos vía web; a la vez que, de ser cierto, acarrearía problemas legales a la conducción.
La división interna quedó convalidada por una carta notarial que envió el presidente de la entidad, Juan José Igualada a Pablo Nielsen, uno de sus socios en la que lo intima a que se retracte y lo documente, bajo la amenaza que si no lo hace, le promete acciones civiles y penales.
En la nota -en la que intervino Carlos Iván Latorre, como abogado y notario-, Igualada en su carácter de presidente de la CASEMI, ya que así firma la nota, le dice a Nielsen que emitió “agraviantes y falaces acusaciones con respecto a mi persona en consideración al lugar que ocupo”, las cuales considero “calumniosas e injuriosas”. Por lo que le dio 48 horas para retractarse.
Casemi, en beneficio propio
Las palabras que hace mención Igualada responden a lo que Nielsen habría dicho en el hotel Del Bono el pasado 24 de febrero y que el presidente de CASEMI relata de esta forma en su nota:
“Durante la reunión de socios de CASEMI, llevada a cabo en el hotel Del Bono, en la que me acusa de usar la institución que presido para mi exclusivo y personal beneficio, sin ningún tipo de fundamento lógico, racional, probatorio o legal, contrariando o perjudicando según sus dichos a Colegas o miembros de la misma institución, o terceras personas dedicadas al mismo rubro”.
Absolutamente todo lo que dijo es “falso y malicioso” y le destaca que esas manifestaciones dañan en forma intencional su buen nombre y honor y el de la propia Casemi, además que le resalta que esas declaraciones “son eventualmente pasibles de constituir delitos”.
Estas intimaciones y declaraciones se dan en medio de una división cada vez más fuerte dentro de todos los proveedores mineros y que se expresa en la aparición de cada vez más cámaras que buscan la representación gremial de estas empresas en disconformidad por cómo se mueven política y económicamente muchas de ellas.
