El líder local de la UOCRA y diputado provincial, Eduardo Cabello, presentó un proyecto de ley para regular la contratación de trabajadores sanjuaninos en minería. Prioridad para mano de obra de departamentos donde se desarrollan los proyectos y multas para las empresas que no cumplan.
Cabello justifica la presentación del proyecto en la necesidad de promover la contratación de la mano de obra local, por parte de las empresas que operan en los departamentos donde se exploran y explotan recursos naturales renovables y no renovables. Allí incluye a los sectores agrícolas, ganaderos, comerciales, industriales, mineros y de construcción, y señala que es para “mejorar la dinámica económica y social en los municipios que se desarrollen las actividades referidas, teniendo en cuenta para ello, la realidad de cada territorio y las tendencias del mercado actual”.
El gremialista devenido en político asegura que “contar con este tipo de norma es muy importante para el interior de San Juan, porque busca proteger las fuentes de trabajo en un momento donde -lamentablemente- se está produciendo una pérdida considerable de empleos”, indicó Tiempo de San Juan.
En la normativa propuesta establece que las empresas públicas y privadas tanto municipales, provinciales, nacionales e internacionales deben incluir un 80% de empleados con domicilio en San Juan con al menos dos años de antigüedad y se debe priorizar a los habitantes de cada departamento en el que se desarrolle el emprendimiento.
Además, precisa que las oficinas de empleo de los municipios deben confeccionar y llevar un registro actualizado de trabajadores desocupados con domicilio en los respectivos departamentos donde se domicilie, categoría y experiencia laboral. Y que las empresas tendrán la obligación de contratar con prioridad al personal inscrito en ese registro, y recién luego de agotado el listado podrán requerir personal de otros organismos públicos o privados.
La norma introduce también sanciones económicas para las empresas que no cumplan con estas obligaciones, las que recibirán multas desde un millón hasta diez millones de unidades tributarias (UT, que equivale actualmente a $100 cada una). La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Trabajo.
Una vez más, la minería se convierte en caballito de batalla en tiempos de crisis. Con la obra pública casi paralizada por la decisión del presidente Javier Milei de no financiar obras viales y de infraestructura en las provincias, los gobiernos locales deben echar mano a las herramientas que tienen para sostener el empleo. Y ahí, como siempre, la actividad minera aparece en el foco para absorber a los trabajadores.
