La información del Fraser da cuenta algunos detalles del porqué de la caída de 5 puntos en el ranking internacional. Estamos hablando de un registro que, si bien se publica hoy, resume los resultados de todo el 2023 y de las políticas impuestas en ese lapso.
Según ese sondeo los encuestados estaban cada vez más preocupados por la calidad de la base de datos geológica de la provincia (+36 puntos), la disponibilidad de mano de obra calificada (+28 puntos), y la incertidumbre sobre qué áreas serán protegidas (+22 puntos).
En este último punto la discusión de una nueva ley de humedales y la aplicación de la de glaciares abrió un signo de pregunta mayúsculo en muchas empresas y en sus cuerpos directivos a la hora de evaluar inversiones multimillonarias para la exploración o la construcción de una mina.
Pero si uno toma el denominador común es que la provincia no avanzó en temas críticos para una inversión y por lo poco que se conoce hasta hoy, se sabe que en los otros dos puntos indicados por el Fraser hay intenciones de acortar distancias en la información geológica -se habla de la contratación de una consultora que trabajo en el viejo programa Pasma- y en la capacitación permanente de las comunidades cercanas a los proyectos mineros para hacer factible su inclusión a la cadena de valor minera.
Un tema sensible que pocas veces los gobiernos no dimensionan a la hora de reclamar la contratación de mano de obra local.
Si bien el Fraser no lo menciona en esta oportunidad, hay un tema que crece en la preocupación de las empresas y que tiene que ver con los tiempos de la evaluación ambiental en donde todos los actores locales coinciden en que la legislación es vetusta, anacrónica y muchas veces perversa para los evaluadores y las empresas.
Las oportunidades de la minería para el desarrollo de San Juan las conocen todos sus actores, los problemas también. Es hora de comenzar a trabajar en forma seria y a largo plazo para no caer en nuevas frustraciones.
