El Salar Los Sapitos contiene importantes concentraciones de Litio y está en San Juan, pero se extiende a La Rioja donde el gobierno acaba de sepultar la inversión en exploración de ese mineral al suspender todos los permisos y dejarlos en manos del gobernador bajo la modalidad de la declaración de “recurso estratégico”.
La Rioja adopta una decisión que está en línea con la posición política de las actuales autoridades de frenar cualquier tipo de inversión minera en su territorio pese a que en su momento reclamaba a San Juan distribución de regalías del proyecto Josemaría.
Para la empresa Origen Resources, el nuevo esquema jurídico en la Rioja podría poner en riesgo toda la inversión exploratoria, ya que sus técnicos saben que el salar de litio sanjuanino se continúa en la vecina provincia y su desarrollo técnico económico minero es como unidad de todo el yacimiento.
Es que allí la compañía posee permisos de exploración en 21.363 hectáreas, otorgadas directamente a la empresa por la Provincia de La Rioja. Pero además, estaba esperando la aprobación de los derechos de exploración de aproximadamente 28.000 hectáreas adicionales.
La ley 10.608 fue aprobada en diciembre pasado, pero aún no está reglamentada. Sin embargo, se conoció que su texto establece que declara de interés público el estudio, investigación, prospección, exploración, explotación e industrialización del litio y a sus derivados y el agregado de valor a los productos obtenidos, a la vez que se suspenden por 120 días los permisos de cateo, prospección exploración y concesiones mineros en la provincia. De allí la preocupación por lo que pueda suceder con la exploración en Los Sapitos.
Una más y van…
Esta medida del gobierno riojano se suma a la lista de acciones que viene tomando sobre su posición respecto a la actividad minera y que ponen en jaque las inversiones que podrían hacerse en esa provincia, pero que también afectan a San Juan.
En 2021, el gobernador Ricardo Quintela le reclamó a su par sanjuanino, Sergio Uñac, por las regalías de Josemaría, luego de haber presentado una nota y observaciones al IIA del proyecto, requiriendo que la provincia sea considerada zona de influencia directa. Tras una serie de idas y vueltas, fue el propio presidente Alberto Fernández el que puso fin a la contienda cuando en una visita a San Juan. “La Constitución dice que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales. Es clara y (el proyecto) Josemaría es de San Juan. No hay discusión”, dijo cortando de cuajo las especulaciones de Quintela.
Tiempo después y tras una seguidilla de protestas de sectores antimineros que incluyeron movilizaciones en las calles y cortes de caminos de accesos a proyectos mineros, el jefe de Estado de La Rioja firmó un polémico DNU que lo facultó a ser él la única autoridad capaz de otorgar permisos y concesiones mineras, e incluso a derogarlos.
“Quiero comunicarles que firmé el Decreto de Necesidad de Urgencia que establece la facultad del gobernador de la Provincia como la única autoridad para otorgar permisos, concesiones mineras, ampliación y mejoras de pertenencias; y autorizar cesiones de derechos mineros. También puede declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones, previa sustanciación del trámite administrativo regulado por el Código de Procedimiento Minero”, explicó en aquel momento Quintela.
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