La Cámara Minera de Chile emitió un documento en el que manifiesta su profunda preocupación por el descenso de un 42 % en la inversión en proyectos mineros proyectada para los próximos dos años, según expresó su presidente, Miguel Zauschkevich Domeyko.
Al respecto, Zauschkevich explicó que, “la Corporación de Bienes de Capital (CBC) informó en su último reporte que la inversión pronosticada para el próximo bienio es de US$ 3.721 millones, lo que representa una caída del 42% respecto del ejercicio anterior, además, es la menor en intensidad en inversión en más de 15 años, lo que es preocupante y una alerta a las autoridades para buscar maneras de potenciar la inversión”.
Se trata de una situación que podría explicarse en las políticas implementadas por el socialista presidente Gabriel Boric que impulsa medidas para que sea el Estado chileno el que tome la conducción en temas de litio y de mayor carga impositiva al resto de las empresas mineras.
Para el próximo decenio, explicó la cámara minera chilena, la situación es un poco más alentadora; la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en su informe sobre la “Inversión en la minería chilena – Cartera de proyectos 2022-2031”, pronostica para dicho periodo un total de 53 iniciativas avaluadas en US$ 73.655 millones, lo que significa un aumento de 6,9% respecto a la cartera del año anterior.
“Sin embargo, para que la cartera del próximo decenio se concrete, debemos tomar medidas ahora”, señaló Zauschkevich.
Según detallaron desde la Cámara Minera, la actividad tiene un efecto multiplicador en el empleo: por cada empleo directo se generan 3 empleos indirectos en servicios de apoyo, como transporte de minerales y concentrados, sondajes, perforación de túneles, arriendo de vehículos, estudios de ingeniería, alimentación, entre otros; actualmente la minería da empleo directo a 279 mil trabajadores, lo que implica 837 mil empleos indirectos; esto totaliza 1 millón 100 mil empleos, es decir el 14% de la fuerza laboral.
Además, sostuvieron que, es indispensable agilizar las decisiones de los organismos relacionados con normas medioambientales y – sobre todo– establecer un acuerdo amplio a nivel político, de que las consideraciones técnicas no sean dominadas por variables políticas. Esto es válido no sólo para los proyectos mineros, sino necesariamente para todas las actividades productivas, dijeron.
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