Las comunidades en la región peruana de Ayacucho prometieron hoy que reanudarán las protestas contra el sector minero si el gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo incumple lo que llaman un acuerdo firmado para cerrar minas, dijeron líderes locales a Reuters, al recalcar que quieren defender el agua para consumo humano antes que el uso industrial que reclaman las empresas mineras.
La primera ministra Mirtha Vásquez dijo la semana pasada que el gobierno no aprobaría extensiones de concesión para cuatro minas debido a preocupaciones ambientales planteadas por las comunidades locales. El miércoles, las autoridades suavizaron su postura pública, diciendo que las minas podrían solicitar permiso para extender las operaciones.
El presidente Pedro Castillo llegó al poder en julio, con el respaldo de comunidades pobres, quienes dicen que las minas las han privado de un suministro de agua adecuado y a quienes prometió mayores beneficios.
Este mes, las comunidades lanzaron una ola de protestas y dijeron a Reuters el jueves que reanudarían sus acciones a menos que el gobierno se apegara a los planes de cierre.
“Las minas ya tienen un plan de cierre y queremos que se lleve a cabo”, dijo Julio Guillermo Gutiérrez, líder del Frente de Defensa Popular Parinacochas, una de las comunidades opositoras a las minas.
“Las empresas mineras pueden solicitar la extensión de sus operaciones si así lo desean. Pero eso no es lo que queremos”, dijo Gutiérrez en una conversación telefónica.
Dijo que las protestas locales solo se suspendieron y se reanudarían si fuera necesario.
Che Bernaola, representante del Comité de Combate de Ayacucho Sur, dijo a Reuters que el grupo exigirá que se implemente el cierre de las minas.
“Si el gobierno no cumple con el acuerdo firmado, activaremos la protesta que había sido suspendida”, dijo. La mayoría de los votantes en Ayacucho y otras áreas mineras votaron por Castillo. “Dudo que nos traicionen ahora”.
El miércoles emitió una carta en la que llamaba a la región a sumarse a la defensa de los recursos terrestres y hídricos que, según dijo, habían sido “envenenados” por la minería.
Las empresas en cuestión dicen que están cumpliendo con los estándares ambientales y que sus operaciones no contaminan los suministros de agua.
Uno de ellos es Hochschild Mining, que cotiza en Londres y es el operador del proyecto emblemático de plata Inmaculada.
La amenaza de cierre hizo que el precio de las acciones de la compañía perdiera más de la mitad de su valor antes de que repuntara esta semana. El jueves subió con fuerza tras el cambio de tono del gobierno.
Hochschild dijo el jueves que su mina Inmaculada y otra en la región de Ayacucho en Perú continuarían operando bajo los marcos actuales.
Perú es el segundo productor mundial de cobre y plata.
Según su ley, todas las minas tienen una fecha de cierre planificada, que puede modificarse si los reguladores lo permiten. Las cuatro minas en cuestión tienen un calendario de cierre que va desde este año hasta 2025, dice el gobierno.
Minería & Desarrollo con información de Reuters/ Mining Com (Por Marco Aquino y Hugh Bronstein; Editado por Barbara Lewis)
