El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, aseguró que para que la minería sea sostenible, inclusiva, esté integrada al resto de los sectores económicos y sea competitiva, se necesitan operaciones funcionando en el país. “Necesitamos mayor inversión en el sector y poner en marcha más minas a lo largo de las provincias cordilleranas argentinas”, expresó.
Las declaraciones del funcionario sanjuanino se dieron en el marco del webinar “Sociedad, Trabajo y Minería. Un compromiso que sigue creciendo”, organizado por ASIJEMIN. Hensel destacó que “la minería que tenemos hoy en Argentina es resultado de un acuerdo que se produjo en su momento entre los estados provinciales, que son los dueños de los recursos, y el estado federal. Esto abrió la puerta a lo que conocemos como la nueva minería en Argentina”.
En ese sentido, indicó que en las provincias donde empezó a desarrollarse la minería se fue incrementando el consenso social sobre la actividad. Y precisó que en donde no hay minería, el consenso social se ve muy disminuido. “A veces hay muchos prejuicios sobre la actividad, muchas veces basados en desconocimientos y falta de información”, afirmó.
A raíz de la crisis económica que atraviesa el país y de las restricciones cambiarias que impuso el gobierno en las últimas semanas, el sector minero atraviesa momentos de incertidumbre. Por ello, Hensel manifestó que están trabajando en medidas a corto y mediano plazo, en las que se incluye las vinculadas a la restricción cambiaria, a la posibilidad de relevar algunos obstáculos que condicionan la inversión, el acceso al mercado libre y único de cambio y las retenciones.
Expresó, además, que es necesario generar las mejores condiciones para que las provincias dueñas de los recursos puedan seguir avanzando en el desarrollo de la minería. Por eso decidimos avanzar en la constitución de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero del país, que fije las reglas, teniendo en cuenta todos los factores, para los próximos 30 años. Pudimos conformar una mesa facilitadora, porque entendemos que tenemos que trabajar desde los cleros, la academia, el mundo del trabajo, las organizaciones sociales. Los que tienen responsabilidades institucionales tenemos que tener la capacidad de generar una visión compartida de la minería que nos permita poder establecer políticas públicas claras que se conviertan en políticas de Estado que garanticen ese largo plazo que caracteriza a la inversión minera de grandes volúmenes y de mucho riesgo, que necesitan tener certezas, seguridad jurídica y previsibilidad”, sentenció.
