Según un estudio elaborado por una consultora internacional, Josemaría, El Pachón y Los Azules de San Juan; MARA de Catamarca y Taca Taca de Salta podrían producir en conjunto unas 955.000 toneladas de cobre en la Argentina y generar ingresos por más de USD 47.000 millones entre 2026 y 2040.
Francisco Acuña y Camila L’Huillier, consultor principal e investigadora de la oficina de la consultora CRU en Chile, el principal productor mundial de cobre, aplicaron a los cinco proyectos seleccionados el modelo de “flujo de caja del país anfitrión” de la consultora (HCCF, por “Host Country Cash-Flow”), concepto que excede los pagos de impuestos y otras cargas fiscales y abarca también los ingresos de los proveedores locales y de los trabajadores vinculados a los proyectos mineros desde la etapa de construcción hasta -en este caso- 15 años de explotación, pues el estudio toma como horizonte el año 2040.
“Estos proyectos podrían empezar a producir dentro de la próxima década e impactar positivamente la economía argentina con un promedio de ingresos anuales por cerca de USD 4.000 millones anuales entre 2031 y 2040, basado en la metodología de flujo de caja del país anfitrión”, dice un pasaje del estudio que compara el impacto acumulativo de los cinco proyectos, de USD 47.051 millones, con los USD 44.000 millones de deuda de la Argentina con el FMI.
El estudio asume en sus cálculos la aplicación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso en 2024 que -estima- resultará en una disminución de 47 a 38% de la carga impositiva promedio sobre las ganancias antes de intereses e impuestos de los cinco proyectos contemplados en el estudio. Con el RIGI, dice, la inversión minera en la Argentina se vuelve fiscalmente más atractiva que en Chile, donde la carga fiscal recorrió el camino inverso y aumentó del 37 al 45%, y que en Perú, donde la imposición promedio es del 42 por ciento.
Un impulso a la competitividad
El RIGI que impulsó el gobierno de Javier Milei podría impulsar la competitividad de esos proyectos, dice el estudio. Pero -aclara- “ese potencial transformador depende de la estabilidad de largo plazo para atraer inversiones y construir las capacidades locales de grandes proyectos de cobre, un desafío tanto para el gobierno como para las compañías mineras”.
El estudio proyecta que estos proyectos podrían iniciar producción hacia fines de la actual década y destaca que la Argentina ha estado en el candelero de inversiones cupríferas, particularmente en el noroeste, para aprovechar la riqueza del país.
Los autores destacan además que el proyecto MARA, de Glencore, una de las grandes mineras y traders mundiales, el único brownfield de los cinco proyectos estudiados, se basa en realidad en un nuevo depósito mineral que dispone de plantas de procesamiento e infraestructura previas, las de Minera la Alumbrera, que dejó de extraer cobre en 2018.
CRU subraya también la envergadura de las empresas involucradas en los proyectos, como BHP, la minera más grande del mundo, Lundin Mining, First Quantum y el desarrollador Junior McEwen Mining.
El estudio enfatiza además que el enfoque de flujo de caja (o ingresos) del país anfitrión supera el del Government take, que se limita a los ingresos impositivos, aunque estos son de todos modos el principal componente.
Cómo se distribuyen los ingresos
Según los cálculos de CRU, de los poco más de USD 47.000 millones de ingresos proyectados, un 52% (cerca de USD 24.500 millones) serían ingresos fiscales, principalmente vía el impuesto a las ganancias corporativas, de la Nación (que lo coparticipa con las provincias) y las regalías mineras, que corresponden a los gobiernos provinciales. Las mineras suelen, además, aportar a diferentes fideicomisos para para financiar iniciativas locales, municipales o incluso comunitarias, con los que buscan ganar “licencia social”.
El “flujo de caja” que calcula el estudio abarca también la porción de los gastos de capital y de los costos operativos que “permanecen en las economías locales”, como los empleos directos y la fracción de los bienes y servicios provistos localmente.
Los autores asumen que el RIGI se aplicará a los cinco proyectos seleccionados, con una tasa de impuestos a las ganancias corporativas del 25% (en contraste a la del 35% del régimen estándar) y “estabilidad fiscal” por 30 años, durante los cuales la alícuota no sería alterada.
Entre 2026 y 2028 el flujo de ingresos para la economía argentina vendría exclusivamente de los gastos de capital (inversión) de las empresas, en la etapa de construcción, y a partir de 2029 se sumarían los ingresos impositivos (nacionales y provinciales) y los ingresos derivados de los gastos operativos de las empresas mineras.
Según el estudio, los años de mayor flujo de caja para la economía argentina serían 2033 y 2034, cuando el total de ingresos, casi íntegramente por pago de impuestos y gastos operativos de las empresas mineras, superaría los USD 4.300 millones anuales.
Los componentes no impositivos del “flujo de caja” para la Argentina no contemplan efectos multiplicadores vía derivaciones en la cadena de valor, algo muy propio de una industria capital-intensiva como la minería “que ha probado ser un pivot en la economía de países ricos en recursos en Sudamérica, como Chile, Perú y Brasil”, dice el estudio.
M&D con información de Infobae.
