Los planes de Bolivia para convertirse en un importante productor de litio han llegado a un punto muerto después de que un tribunal local ordenó la suspensión de dos importantes acuerdos de extracción firmados el año pasado valorados en más de 2.000 millones de dólares, según informes de los medios.
Los contratos se firmaron en 2023 y 2024 respectivamente con el consorcio chino CBC, que incluye al fabricante de baterías CATL, y el ruso Uranium One Group, filial de la empresa nuclear estatal Rosatom, según revelaron diversas publicaciones, entre ellas El Deber , de Bolivia .
Los acuerdos buscaban establecer instalaciones de extracción directa de litio (EDL) en el Salar de Uyuni, en el suroeste de Bolivia. El salar alberga una de las mayores reservas de litio del mundo y forma parte del Triángulo del Litio, compartido con Chile y Argentina.
La orden de suspensión fue emitida la semana pasada por un tribunal mixto de Colcha K, una aldea ubicada en la región de Potosí, luego de que grupos indígenas presentaran una denuncia legal argumentando que los proyectos habían violado sus derechos ambientales y se les permitió proceder sin consulta formal.
Ambos proyectos aún no han recibido las aprobaciones legislativas, pero ya habían iniciado actividades preliminares en el sitio, las cuales, según el grupo local, se llevaron a cabo sin la debida autorización ni evaluaciones ambientales.
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa estatal de litio de Bolivia, posee una participación del 51% en ambas empresas. Se espera que, en conjunto, las plantas propuestas produzcan 35.000 toneladas de carbonato de litio al año, según declaró Omar Alarcón, director de YLB, en una conferencia de prensa el año pasado.
Según informó el diario argentino Infobae , el fallo judicial prohibirá a YLB así como al Ministerio de Hidrocarburos y Energía realizar cualquier gestión administrativa u operativa relacionada con los contratos hasta que concluya el proceso judicial.
Sin embargo, el gobierno boliviano ha mantenido que aún no ha sido notificado formalmente del fallo judicial e insiste en que hasta que se reciba la comunicación oficial, el proceso legislativo en torno a los contratos continuará.
Álvaro Arnez, viceministro de Energías Alternativas, en declaraciones a El Periódico de la Energía , desestimó las acusaciones de que operaciones exploratorias no autorizadas ya estaban afectando la disponibilidad de agua local.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, desestimó el fallo como un “obstáculo con motivaciones políticas al desarrollo regional”.
Además de las preocupaciones ambientales, también se han planteado interrogantes sobre las responsabilidades financieras y operativas asignadas al Estado boliviano. Por ejemplo, el contrato de Uranium One obliga a YLB a reembolsar todos los costos de construcción y exploración, a pesar de que el socio ruso no tiene obligación de operar la planta, según la Fundación Milenio , un centro de estudios.
La orden judicial subraya la actual inestabilidad política que continúa obstaculizando los esfuerzos de Bolivia para desarrollar sus vastas reservas de litio, que el gobierno estimó en 23 millones de toneladas en un estudio.
M&D con información de The Northern Miner.
