“El proponente tiene que empezar a hacer talleres en la comunidad para dar a conocer el proyecto en sus distintas aristas”, expresó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, al referirse al trabajo que reclaman para que el proyecto San Jorge alcance su licencia social. El Gobierno mendocino cree que la explotación traerá beneficios en todo Gran Mendoza.
Ese trabajo de relacionamiento pasaría por dar a conocer las características de la iniciativa, el papel que le dan a la comunidad y a los proveedores, de manera que haya un dialogo permanente entre la empresa y los vecinos. Un punto en el que muchas empresas mineras fracasan cuando se montan en la soberbia y en creer que solo los puestos de trabajo y beneficios para proveedores sirven para mantener la licencia social.
El proyecto minero San Jorge (PSJ) renació el viernes pasado con la presentación del Informe de Impacto Ambiental al Gobierno provincial. Desde entonces, las autoridades mantienen una postura de cautela, más allá de que la realidad indica que ninguna otra iniciativa minera se encuentra tan cerca de dar frutos: a diferencia de todas las demás, el área ya fue explorada y ahora sólo resta cumplir con los requisitos necesarios para pasar a la explotación.
La industria calcula que podría explotar la mina en 2028, pero Uspallata no es Malargüe, o por lo menos no lo ha sido en el pasado.
Hay que recordar que en 2011 se canceló el proyecto en la Legislatura por la falta de licencia social para el desarrollo minero en general, aunque el rechazo de la localidad lasherina de montaña en particular era muy fuerte.
En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Energía no quiere apurar sus movimientos. Recién este miércoles habrá una reunión de la ministra Jimena Latorre con los técnicos para repartir el trabajo que implicará analizar los 10 tomos de la presentación privada.
En este contexto, serán los privados que ahora controlan PSJ (la empresa suiza Zonda Metals GmBH y la Argentina Grupo Alberdi) quienes tendrán que dar el puntapié inicial en la tarea de amigar la minería con los vecinos de Uspallata.
“El proponente tiene que empezar a hacer talleres para dar a conocer el proyecto en sus distintas aristas, proveedores, impacto ambiental y vinculación con la comunidad”, indicó en este sentido Latorre a Los Andes.
La licencia social
El segundo gobierno de Alfredo Cornejo viene impulsando la minería desde el comienzo y la mirada sobre PSJ, incluso, es positiva. Sin vueltas ha dicho el gobernador que es el proyecto más avanzado de todos, más allá de que se ha cuidado hasta aquí de no acelerar los tiempos de reinstalación.
La cuestión de la licencia social para la minería fuera de Malargüe está sobre la mesa de discusión y la ministra Latorre tiene un concepto al respecto.
Por eso la funcionaria dijo este martes a Radio Nihuil que la modificación del Código de Procedimientos Mineros precisamente hace hincapié en el trabajo de los proponentes con las comunidades para viabilizar la actividad y aseguró: “la licencia social no es una foto estática, es dinámica y hay que ir analizándola a la luz del trabajo que se haga con la comunidad”.
Otro elemento que asoma en forma preliminar en el discurso “pro PSJ” es que la concreción del proyecto no beneficiará solamente a Uspallata en términos de empleo y obras, sino que se irradiará en todo el Gran Mendoza.
“El proyecto va a impactar en toda la comunidad circundante, en todo Las Heras y Gran Mendoza, porque no van a ser suficientes la mano de obra y los servicios”, señaló respecto de la demanda de trabajo que podría generar la explotación.
La funcionaria comparó también la iniciativa con cualquier otra obra, como puede ser la construcción de un dique. “Un proyecto de construcción de una presa, como podría haber sido Portezuelo, tiene un pico, pero después con el mantenimiento baja estrepitosamente. En cambio, la mina durante toda su vida útil trabaja con una dotación estable de personal y además hay puestos indirectos que se contabilizan”, destacó.
En efecto, la empresa habla de una demanda aproximada de 3.900 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 2.400 en la fase de operación. Sobre la vida útil, dicen que podría ser de hasta 30 años.
También destacó la ministra la potencial inversión en infraestructura, conectividad y servicios en una zona que carece de todo eso, y recalcó que PSJ es un proyecto que ya tiene peso en la “Mesa del Cobre”. En este sentido, la empresa lo ha presentado con una inversión inicial de 559 millones de dólares para recibir de la Nación los beneficios del RIGI.
Pero aclaró a la vez que el avance debe ser ordenado. “Cuando nosotros hablamos de minería sostenible no es un eslogan”, afirmó, y sostuvo que la minería tiene que dejar “valor agregado en la comunidad” después del cierre de la mina. “Si no hay capacitación, no hay conectividad y no existe la posibilidad de reconvertir la actividad, no es el modelo que estamos buscando”, aseguró.
Minería & Desarrollo | con información de Los Andes
