A la espera de la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental (IIA), que al parecer será inminente según declaraciones del ministro Carlos Astudillo, se siguen conociendo detalles de lo que será la operación y cuáles son los riesgos que la compañía canadiense advierte sobre el futuro del proyecto.
En el último informe de sus resultados financieros indican cuáles son los riesgos ambientales, sociopolíticos, de infraestructura y de operaciones para la puesta en marcha del proyecto iglesiano y dan a conocer la falta de garantías en muchos de esos temas que podrían afectar las actividades o la financiación.
El documento al que accedió Minería & Desarrollo precisa que durante el año pasado la compañía incurrió en gastos de exploración e investigación por $59,7 millones, en comparación con $29,9 millones incurridos durante 2020. Durante 2021, los principales gastos consistieron en estudios de ingeniería y optimización, gastos asociados con el apoyo al proceso de aprobación del IIA (aún en evaluación), estudios y negociaciones comerciales y fiscales, estudios de línea de base ambiental, obras viales y estudios relacionados, y relaciones comunitarias. La Compañía también comenzó a incorporar empleados clave al equipo responsable de la ejecución del Proyecto.
Riesgos Ambientales y Sociopolíticos
Según indican, Lundin busca “operar dentro de estándares de protección ambiental que cumplan o excedan los requisitos en los países en los que la Compañía desarrolla sus actividades”.
Precisan a sus accionistas que las leyes y reglamentos pueden afectar las operaciones de la Compañía. Los costos ambientales futuros pueden aumentar debido a cambios en los requisitos o costos asociados con la exploración y el desarrollo, operación y cierre de minas.
La Compañía está sujeta a la regulación ambiental en las distintas jurisdicciones en las que opera. El incumplimiento de estas leyes, reglamentos y permisos requisitos pueden dar lugar a acciones de ejecución, incluidas órdenes emitidas por organismos reguladores o judiciales que provoquen el cese o la reducción de las operaciones, y pueden incluir medidas correctivas que requieran gastos de capital, instalación de equipo adicional o acciones correctivas.
En este punto, destacan que “en partes de Argentina existe una oposición ambiental tanto a la exploración minera como a la minería. En consecuencia, puede haber un cierto grado de sentimiento anti-minero que podría afectar el riesgo de desarrollar con éxito el Proyecto Josemaría”.
Aquí hicieron hincapié en la ley de glaciares. “El Congreso argentino aprobó una ley diseñada para proteger los glaciares del país. Esta ley restringiría el desarrollo en y alrededor de los glaciares. Las regulaciones detalladas que regirán la implementación de la ley aún no se han redactado».
«Aunque no se prevé, esta legislación podría afectar la capacidad de la Compañía para desarrollar partes del Proyecto Josemaría”, insisten
Infraestructura
En este apartado, explican que las actividades de desarrollo y exploración dependen de una infraestructura adecuada, es decir rutas, puentes y suministros de energía y de agua, que son determinantes importantes que afectan la capacidad de operar y los costos de operaciones.
En ese sentido, aseguran que la capacidad de la Compañía para obtener infraestructura adecuada, incluido un suministro seguro de energía y agua, a un costo razonable depende de muchos factores, incluyendo: el suministro global y regional, demanda; condiciones políticas y económicas; desafíos logísticos localizados; entrega; y los correspondientes regímenes regulatorios.
Aquí indican que“el establecimiento de dicha infraestructura requerirá recursos significativos, la identificación de fuentes adecuadas de materias primas e insumos y la cooperación necesaria de los gobiernos nacionales y regionales, ninguno de los cuales se puede asegurar”.
“No hay garantía de que la Compañía obtenga la infraestructura adecuada, incluyendo electricidad, agua y derechos de acceso en el futuro o en términos razonables”, admiten.
Riesgo de Operaciones Extranjeras
Finalmente, otro de los puntos que llama la atención en el reporte financiero elaborado por la empresa canadiense tiene que ver con las garantías que pueden ofrecer o no a sus accionistas.
Un punto llamativo en ese documento indica que “la Compañía realiza actividades de exploración y desarrollo en Argentina, lo que la expone a riesgos que de otro modo no se experimentarían si todas las operaciones estuvieran ubicadas en Canadá”. Una información que leída así parece un tanto obvia.
Aquí enumeran como riesgos los disturbios civiles o guerra, terrorismo, minería ilegal, condiciones políticas cambiantes, fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas, expropiación o nacionalización sin compensación adecuada, cambios en los regímenes de regalías e impuestos, altas tasas de inflación, malestar laboral y dificultad para entender y cumplir con el marco regulatorio y legal respecto a la propiedad y mantenimiento de propiedades minerales.
“Los cambios en las políticas mineras o de inversión o los cambios en las actitudes políticas también pueden afectar adversamente los activos y operaciones existentes de la Compañía. El riesgo político real y percibido también puede afectar la capacidad para financiar programas de exploración y desarrollo y para atraer empresas conjuntas o socios de opciones y futuras oportunidades de desarrollo minero”.
Agregan que numerosos países han introducido cambios en los regímenes mineros que reflejan un mayor control o participación en el sector incluyendo cambios de leyes que afectan a propiedades extranjeras, participación gubernamental obligatoria, impuestos y regalías, licencias de exploración, exportación aranceles y repatriación de rentas o devolución de capitales. Justamente, ese es el panorama político en Chile y Perú que están mirando las empresas extranjeras y por ello ponderan a Argentina como destino para invertir. Es más, esta semana en el país trasandino la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional votó una medida que establece que una vez promulgada la Constitución, el Estado tendrá un plazo de un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales metálicos, no metálicos y con hidrocarburos, entre otros.
En tal sentido, la compañía indica en el documento a sus accionistas, que “no puede haber seguridad de que las industrias que son considerados de importancia nacional o estratégica en los países en los que la Compañía tiene activos, incluidos activos de exploración y desarrollo minero, no serán nacionalizados. Existe el riesgo de que se implementarán más limitaciones, restricciones o requisitos gubernamentales, no previstos actualmente”.
Advierten que los cambios en la política que alteren las leyes que regulan la industria minera podrían tener un efecto adverso sustancial en la compañía. “No puede haber garantía de que los activos de la Compañía en estos países no serán sujetos a nacionalización, requisición o decomiso, legítimo o no, por una autoridad u organismo”.
Lo llamativo es que destacan en ese mismo punto que el Proyecto Josemaría está ubicado en la Provincia de San Juan, Argentina y aseguran que “hay riesgos relacionados con una incertidumbre o entorno político y económico impredecible en Argentina, especialmente porque hay oposición social a las operaciones mineras en ciertas partes del país”.
Y aquí se meten con las variaciones económicas y políticas por las que ha atravesado el país, sobre todo con la toma de deuda externa y las decisiones gubernamentales que, aseguran, podrían afectar las negociaciones de la empresa para conseguir financiamiento.
“Durante una crisis económica en 2001 a 2003 y nuevamente en 2014, Argentina incumplió con los pagos de la deuda externa y con el pago de varios bonos oficiales y préstamos a organizaciones multinacionales. Además, el gobierno ha renegociado o incumplido acuerdos contractuales. En consonancia con las políticas gubernamentales impuestas por sus antecesores anteriores, el actual gobierno argentino impuso diversos grados de control de divisas sobre la capacidad de empresas y sus ciudadanos. Las acciones pasadas indican que el gobierno argentino puede, de vez en cuando, alterar o imponer requisitos o políticas adicionales que pueden perjudicar o afectar las actividades de la Compañía en Argentina o en su capacidad para atraer socios de negocios conjuntos y obtener financiación para sus proyectos en el futuro”, reza el informe.
Las acciones pasadas indican que el gobierno argentino puede, de vez en cuando, alterar o imponer requisitos o políticas adicionales que pueden perjudicar o afectar las actividades de la Compañía en Argentina o en su capacidad para atraer socios de negocios conjuntos y obtener financiación para sus proyectos en el futuro”
Los resultados financieros de Josemaría dan cuenta de información básica que requieren los accionistas y los mercados, pero llama la atención que ese mismo detalle no ha sido volcado con la misma honestidad y crudeza en el IIA que está en evaluación.
Minería & Desarrollo.
