Eduardo Córdoba (UCR) envió una carta documento exigiendo que Minera Agua Rica cese sus tareas y repare daños a vecinos de Choya.
El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (UCR), intimó a la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) al cese de tareas y la reparación del “daño causado” a los vecinos del distrito Choya, que reclamaron problemas en el agua potable para consumo.
De lo contrario, advirtió el intendente, iniciarán acciones legales en contra de la firma,
Córdoba remitió una carta documento a la empresa y pidió que en 24 horas “cese de inmediato los trabajos” de apertura de huellas en la zona de Campo Grande y cuenca hídrica del Río Choya. Además, insistió en que la empresa repare los daños de los vecinos de Choya, a la que “impidió el uso del agua potable con la modificación de sus estructuras haciéndola no apta para uso y consumo humano”.
Fuentes de la empresa expresaron que hasta el momento no recibieron notificación alguna, y remarcaron que cuentan con autorización del Ministerio de Minería para realizar sus tareas.
El reclamo
Semanas atrás, los vecinos de Choya llevaron el reclamo al Concejo Deliberante de Andalgalá, donde se avanzó con un mega-pedido de informes al respecto. Desde Minería y Agua y Saneamiento señalaron que no hay irregularidades en el agua, y que si bien el sedimento puede complicar la tarea de potabilización, el recurso está en sus parámetros normales.
El presidente del Centro Vecinal de Choya, Orlando Contreras, explicó por entonces que el río tenía «mucho material sedimentario con cenizas producto de incendios» y que con las lluvias el agua se ponía «demasiado turbulenta».
Esta semana, un grupo de vecinos decidió acampar en el cerro para reclamar que los trabajos preliminares de la empresa afectaron el cauce del río Choya; y exigieron la intervención del intendente Córdoba y el gobernador Raúl Jalil.
La semana pasada, el concejo deliberante de Andalgalá pidió informes al ministerio de Minería por las condiciones del Río Choya.
Alentados por un grupo de vecinos que presenció la sesión, el Concejo Deliberante de Andalgalá avanzó con una serie de pedidos de informes al Ministerio de Minería y al de Agua, Energía y Medio Ambiente respecto de los controles sobre el Río Choya, en relación a la actividad que se desarrolla en el proyecto Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA). También piden informes a los ministerios de Educación y Salud por una supuesta intoxicación de alumnos de la escuela nº217 «Fragata Libertad».
Crisis política alrededor del proyecto
El intendente andalgalense Eduardo Córdoba cruzó hoy al ministro de Minería, Marcelo Murúa, a quien invitó a Andalgalá para realizar las verificaciones que los vecinos reclaman al proyecto Agua Rica. Dijo que nota una “confusión de roles” y que Murúa no puede actuar como si fuera parte de la compañía, cuando representa al Estado. Era la palabra más esperada después de haberle solicitado al proyecto minero el cese de actividades.
“Nos tiene preocupados fundamentalmente la confusión de roles que estamos viendo. Entendemos que ha llegado al Concejo Deliberante un informe, el cual no tiene la firma de un responsable técnico, ni de un funcionario de la provincia que dé fe de que ese informe es fidedigno. Si bien ha llegado de manera oficial, me parece extraño que no tenga una firma que pueda certificar lo que allí se dice”, manifestó el ingeniero Córdoba, esta mañana en declaraciones a radio Valle Viejo.
“Cuando no hay roles claros nos tenemos que preocupar y en este caso el municipio tiene que ejercer su poder de policía ambiental”, dijo.
Y le apuntó a Murúa: “Ayer leía unas declaraciones del ministro de Minería (Marcelo Murúa), el cual solo se ha acercado a Andalgalá para hacer una capacitación de manejo de maquinarias; pero cuando se trata de temas delicados, de conflictos que hay por el medio ambiente, parece que puede emitir sus decisiones o sus dichos desde la capital de la provincia y no acercarse”.
Continuó: “Me preocupa que si bien hemos intimado a la empresa minera Agua Rica a dar cumplimiento con lo que hemos dispuesto en una carta documento que le hemos enviado el día viernes, ha salido el ministro de Minería a responderme. Creo que él se equivoca. No es un representante, no debería ser un representante de la empresa. Está dejando dudas que pueda ser el ‘abogado de la empresa’, o puede ser un representante o se está comportando como un CEO minero. En este sentido, creo que él tiene que respetar a toda la comunidad de la provincia, a todo el pueblo, y nosotros los andalgalenses también somos parte de esta provincia”, disparó Córdoba.
“Las manifestaciones de preocupación que nos han acercado, por las pruebas fotográficas que ellos han hecho visibles de los lugares que han recorrido, se suma al agravante de que nuestra provincia al parecer confunde los roles, ¿no? Por un lado somos socios y percibimos ganancias a través de YMAD, a través de CAMYEM, y por otro lado pretendemos ser quienes controlamos y custodiamos el ambiente, somos los garantes de que el ambiente no se afecte”, expuso.
Entonces, opinó que esa “confusión de roles nos ha llevado a generar más incertidumbre, preocupación”. Señaló que cuando hay alguna manifestación social de parte de grupos de vecinos de Andalgalá, de asambleas de Andalgalá, “la empresa no da cuentas claras de lo que pueda estar sucediendo”, pero que “sin embargo, salen funcionarios de la provincia con un ‘serio reclamo’, demostrando a las claras que son parte insistente de este proyecto”.
¿Politizado?
Córdoba desacreditó las voces que hablan de “politización” de la discusión minera en su departamento.
“Agua Rica no es cualquier emprendimiento minero de la provincia: he escuchado que el intendente de Andalgalá se opone al desarrollo y al crecimiento, y esto no es así. Les digo a todos los que dicen y piensan de esa manera que el intendente de Andalgalá está cuidando el medioambiente, está trabajando para que todas las instituciones que tienen responsabilidades sobre el resguardo del medioambiente trabajen con seriedad, identificando bien sus funciones y sin confusiones de roles”.
Agregó que “no se trata de cualquier proyecto minero ordinario, se trata de un proyecto que está emplazado en una cuenca hídrica. No solamente se pretende intervenir la cuenca del Río Andalgalá, sino también la del Río Choya, y esto no lo digo yo, ha sido manifestado por los vecinos de Choya. Entonces, decir que el intendente pretende politizar, que hay gente de la política que financia el despertar de las asambleas y los vecinos, no me parece”.
Además, acusó a la minera de no haber solicitado o informado los permisos para trabajar sobre la cuenca de los ríos, en uno de sus párrafos más contundentes.
“Se ha empezado a intervenir sobre la cuenca del Río Choya cuando no se ha convocado a ninguna audiencia pública. Ellos se avalan en que en tiempos de pandemia no podían hacer concurrencias públicas (sic), y que a través de la tecnología, de zoom, se ha informado a los vecinos. Eso es falso”.
Agregó que el municipio cuenta con personal idóneo para llevar adelante los controles, pero que es necesario un tiempo adecuado, no una “visita relámpago”.
“Para poder dar fe de lo que se está haciendo ahí, para un informe preciso, se necesitan al menos cinco días de inspección en la cuenca de los ríos. Tenemos geólogos y técnicos en el municipio. Entonces, pretender que con una visita relámpago el intendente o los concejales de Andalgalá vamos a prestarnos para una foto que luego recorra el mundo, y que le podamos decir al mundo que acá en Andalgalá ‘las cosas están bién’, me parece totalmente imprudente. No nos vamos a prestar a ese mamarracho”.
Minería & Desarrollo con información de El Ancasti
