El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, presentó ante el parlamento una serie de reformas constitucionales entre las que se encuentra una propuesta para modificar el artículo 27 para prohibir la minería a cielo abierto.
En detalle, su propuesta llama a prohibir el otorgamiento de concesiones mineras a cielo abierto y actividades relacionadas con la exploración, explotación, beneficio o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides mediante el método a cielo abierto.
En su interpretación, López Obrador dijo que la minería a cielo abierto causa graves daños ambientales y utiliza un exceso de agua que podría suministrarse a comunidades con escasez de agua.
“Es claro que la minería a cielo abierto transgrede los derechos humanos al afectar el derecho a un medio ambiente sano y a la buena salud”, afirma su propuesta.
“Los efectos más significativos se evidencian en las comunidades y pueblos cercanos a las áreas del proyecto, colocándolos en una situación de vulnerabilidad y desigualdad”.
La propuesta, sin embargo, no menciona la minería subterránea por lo que sus principios ambientales parecerían evaporarse mientras algunas empresas que tienen minas con esas características celebraban la decisión oficial.
Sin embargo se espera que la moción reavive las hostilidades entre el gobierno mexicano y los grandes actores de la industria, ya que las minas más grandes y antiguas del país son operaciones a cielo abierto.
En total, México alberga 264 minas que extraen minerales de superficie, la mayoría ubicadas en Chihuahua, Zacatecas, Sonora y San Luis Potosí.
Los principales productores como Buenavista del Cobre de Grupo México, Peñasquito de Newmont Goldcorp, dos de las unidades de oro y plata de Fresnillo y varias otras minas propiedad de Industrias Peñoles son operaciones a cielo abierto.
Desde que asumió el poder en 2018, la administración de AMLO no ha otorgado ninguna nueva concesión a través de mecanismos de facto, pero sin el respaldo de ninguna ley específica.
La reciente medida se suma al incierto ambiente de inversión en el país, cuyos mineros se vieron sacudidos en mayo de 2023, cuando los senadores mexicanos aprobaron una nueva ley de minería en un proceso acelerado sin la presencia de legisladores de la oposición.
Las reformas a la ley minera implican que las empresas tengan que lidiar con una mayor carga de consultas previas, estudios de impacto y concesiones de agua, entre otras cosas. La nueva ley también exige compromisos financieros (fianzas) y acorta la duración de las concesiones mineras de 50 a 30 años, con una única renovación posible por 15 años.
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