El secretario general de una de las cámaras de proveedores mineros de San Juan -CAPRINSA-, Fernando Godoy, se opone a la legislación que impulsa la Unión Industrial y la Cámara Argentina de la Construcción para que se legisle por ley la definición de proveedores locales relacionados con las inversiones de la actividad minera.
“La medida es innecesaria y perjudicaría la llegada de inversiones”, remarcó Godoy, advirtiendo que podría beneficiar solo a un grupo reducido de empresarios.
Para el dirigente se intenta confundir a las autoridades y promueve el rechazo de una iniciativa que busque impulsar una ley que obligue a las empresas mineras a darle prioridad a los proveedores locales.
Para Godoy, “la propuesta es un obstáculo innecesario que podría desincentivar la llegada de inversiones en el sector”, “una traba para el crecimiento de la inversión”.
Las críticas de esta cámara empresaria para lo que impulsa la Unión Industrial de San Juan y la CAMARCO, están en línea con los cuestionamientos que el Grupo Sarmiento, un equipo de expertos en temas mineros y que lidera el ingeniero en minas, Mario Capello
En su caso, Fernando Godoy cuestionó duramente la lógica de establecer una ley específica para los proveedores locales en un contexto en el que San Juan espera con ansias la llegada de nuevos capitales para dinamizar su economía.
«Hemos esperado 20 años para que lleguen los fondos del Régimen de Inversiones para Grandes Proyectos de Infraestructura (RIGI), que prometen cambiar la provincia, y ahora queremos ponerle palos en la rueda con una nueva regulación», expresó con preocupación.
Compromiso en las DIAS
Para el presidente de CAPRIMSA, la normativa sería redundante, ya que muchos de los compromisos hacia los proveedores locales ya están contemplados en las declaraciones de impacto ambiental –DIA- aprobadas para los proyectos mineros.
El líder gremial empresario planteó que detrás de la ley existe un interés por parte de un grupo reducido de instituciones –empresarios- que busca asegurarse una cuota del mercado, sin considerar el beneficio general para la provincia.
«Aquí se trata de tres o cuatro entidades que quieren toda la torta. Pretenden obtener un privilegio legal para llevarse el negocio, y eso no es justo para los demás empresarios que compiten en igualdad de condiciones», argumentó.
Godoy enfatizó que la competencia en el sector debe regirse por las reglas de una economía abierta y no por regulaciones que favorezcan a unos pocos.
Godoy puso en duda el impacto positivo que la ley podría tener en la economía local, cuestionando si realmente beneficiaría a los pequeños comerciantes de departamentos como Iglesia o Jáchal.
Según su análisis, la verdadera solución para impulsar el desarrollo económico es facilitar la llegada de nuevas inversiones mineras que generen cambios estructurales.
«Lo que va a transformar San Juan es que la minería desembarque en la provincia y traiga consigo capitales que revolucionen la economía. Llevamos dos décadas estancados con un solo gran proyecto, Veladero, y no podemos seguir esperando», sostuvo.
Además, criticó la lógica proteccionista detrás del proyecto, argumentando que ningún otro sector económico en Argentina cuenta con un nivel de intervención estatal tan elevado.
«¿Por qué el sector minero debería tener un proteccionismo legal especial cuando otros sectores no lo tienen?», cuestionó.
Según Godoy, la propuesta de ley podría ser vista como un «virus» que afecta negativamente la «salud» económica del sector minero, frenando el interés de inversores internacionales que buscan reglas claras y estables.
Por último, el presidente de CAPRIMSA abogó por una política de «compre local» basada en acuerdos específicos y no en leyes restrictivas.
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