El gobierno argentino envía al Congreso el "Súper RIGI": el piso de inversión será de U$S1.000 millones
El Gobierno nacional presentó una nueva versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocida como “súper RIGI”, que busca atraer proyectos de mayor escala y con horizontes de inversión de largo plazo. La iniciativa incluye un piso mínimo de desembolso cercano a los US$1.000 millones y establece condiciones más exigentes para acceder a los beneficios fiscales y cambiarios.
Según la información oficial, el objetivo del esquema es impulsar inversiones de gran magnitud en sectores estratégicos y, al mismo tiempo, dar previsibilidad a los inversores a través de reglas estables durante varios años. A diferencia del régimen actual, el nuevo diseño apunta a proyectos más complejos, con impacto industrial y exportador sostenido en el tiempo.
El proyecto establece una serie de beneficios fiscales más amplios para los proyectos que se adhieran. Entre ellos, se destaca una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de computar quebrantos sin límite de tiempo. En comparación, el RIGI vigente fija una reducción de Ganancias hasta el 25%.
También se contempla una baja en la carga impositiva sobre dividendos y utilidades, que se reduciría al 3,5% una vez transcurridos cuatro años desde la adhesión al régimen. En el esquema actual del RIGI, este beneficio alcanza una reducción hasta el 7%.
En materia aduanera y cambiaria, la iniciativa incluye exenciones de derechos de importación y exportación para los bienes asociados a los proyectos, así como para los productos exportados bajo el régimen.
Además, se incorpora un mecanismo de acceso progresivo a las divisas generadas por exportaciones: el 20% podrá disponerse desde el primer año posterior a la primera exportación, el 40% al segundo año y el 100% a partir del tercer año.
En cuanto a la estabilidad normativa, el texto garantiza un período de 30 años sin cambios en las condiciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social para los proyectos alcanzados. También establece la posibilidad de resolver controversias entre el Estado y los inversores mediante arbitraje internacional.
Por otro lado, se dispone que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos puedan acceder a los beneficios en sus jurisdicciones. Asimismo, se indica que cualquier normativa local que restrinja o modifique los incentivos previstos podrá ser declarada “nula de nulidad absoluta e insanable”.
El proyecto aún debe ser debatido en el Congreso, donde el oficialismo espera avanzar con su aprobación como parte de una estrategia más amplia para acelerar la llegada de capitales extranjeros y proyectos de gran escala en el país.
