El presidente argentino firmó este domingo el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) de Santa Cruz en una Sociedad Anónima y despertó preocupación en los trabajadores y la comunidad local.
“Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni, quien realizó el anuncio en su cuenta de X.
Tras conocerse la noticia, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada aseguro en una entrevista con La Nación que “no es cierre, ni vaciamiento, no se transforma, el decreto lo que hará es crear por primera vez la empresa y será una Sociedad Anónima”.
El funcionario nacional aseguró que la futura sociedad anónima mantendrá un 51% de las acciones en manos del Estado y el 49% de las acciones en manos privadas. Actualmente la empresa tiene un déficit que va entre los 7000 y 7500 millones de pesos mensuales.
El Estado mantendrá los sueldos de los trabajadores
“Tenemos el compromiso de que el Estado va a seguir manteniendo los sueldos hasta tanto podamos ordenar el plan productivo y sostener la empresa”, afirmó el inteventor.
La buena sintonía entre el gobernador Claudio Vidal y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, permitió que el anuncio sea lo menos traumático posible, y el cambio quedó reflejado cuando, en octubre pasado, el interventor designado por el estado nacional fue Gordillo Arriagada, un hombre de Vidal, quien ya había realizado un trabajo de saneamiento en la empresa estatal provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado.
Mientras desde el gobierno provincial esperarán unas horas para expresarse sobre el decreto, el interventor dio algunos detalles sobre el presente y futuro de la empresa y aclaró que si bien no participó directamente del decreto –fue la Agencia de Transformación de Empresas Públicas–, aportó información solicitada y propuestas sobre el futuro de la empresa.
“Desde el inicio, el gobernador Vidal le propuso al Jefe de Gabinete generar un plan de reactivación productiva, para poder avanzar en él. Fuimos saneando la empresa desde que asumimos en el cargo para prepararla para lo que se viene”, afirmó, en diálogo telefónico.
Entre los detalles del saneamiento, el funcionario señaló que se avanzó sobre deudas tributarias por 22.000 millones de pesos que había con la ex-AFIP. “Generé un plan de pago, hicimos un primer pago y ahora pagamos cuotas. Solucioné la deuda que dejaron los cuatro interventores anteriores. Pudimos avanzar en acuerdo con la Secretaría de Energía para sanear el CUIT de la empresa”, dijo.
En enero, una subasta realizada a través del Banco Ciudad para lograr colocar en el mercado 30.000 toneladas del carbón había quedado trunca. Gordillo Arriagada dijo que en los últimos días se avanzó con un plan de venta con uno de los dos oferentes que se habían presentado a la subasta. “Lo íbamos a comunicar cuando el carbón esté ya despachado, pero lo cierto es que ya está vendido y próximo a partir, comprado por la empresa Biomass de España. Ya están acopiados en el Puerto de Punta Loyola”, afirmó el interventor.
Sobre el articulado del decreto, Gordillo Arriagada dijo que la nueva estructura jurídica tendrá directores tanto del lado energético como del lado minero, confirmó que el 51% de las acciones deberán ser estatales, pero que podrían ser tanto del Estado nacional, como provincial o municipal. Agregó que habrá novedades en cuanto a las transferencias tanto de bienes de uso como de inmuebles.
“Estamos creando una sociedad anónima desde cero, serán integrados los bienes. Todo adentro, puede haber unidades productivas. Todos los bienes estarán dentro de la SA”, detalló. La empresa cuenta con 2050 empleados activos, luego de que 200 empleados se retiraran o acogieran a la jubilación.
“Con los pasivos tenemos un compromiso: el pago de un complemento para ciertos jubilados que no lleguen el 82% móvil y logramos que los gremios firmen la creación del fondo compensador que se integre con el mismo aporte de los trabajadores”, explicó.
Entre los futuros pasos de la puesta en marcha de la nueva sociedad anónima, la intervención espera poner en marcha al menos un módulo de 120 megawatts de la usina termoeléctrica, para lo cual se estima que necesitarán 30 millones de dólares. “Con un módulo activo, podríamos vender energía y recaudar entre 3 y 4 millones de dólares por mes”, detalló.
Desde la actual intervención aseguran que en los últimos cinco meses de gestión se han reducido el déficit y el personal, y se presentaron proyectos productivos. “No tenemos el presupuesto oficial aprobado, pero en enero hice la previsión entre 7000 y 7500 millones de pesos al mes, y me lo aprobaron, estamos al día y cubrimos todos los sueldos”, aseguró el actual interventor.
La respuesta de los gremios
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “esta es una medida inentendible del Gobierno que abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no va a lograrlo”.
“Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2018 y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pie”, agregó el dirigente nacional. Cabe destacar que el artículo 8 de la Ley Bases obliga al Estado nacional a mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
En este marco, Aguiar apuntó: “Esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país. Además, entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola hay 2200 trabajadores representados por ATE. El funcionamiento de YCRT le da vida a la economía de tres ciudades: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour. El Gobierno busca la desaparición de la cuenca carbonífera. Están jugando con el futuro de los trabajadores y de todas estas comunidades. Si profundizan por este camino, se desatará como en otras oportunidades una pueblada”.
“Desde hace un año son los propios funcionarios de este Gobierno los que siempre pusieron palos en la rueda para evitar que finalmente la empresa se ponga en marcha. Se debe garantizar la comercialización del carbón y avanzar definitivamente en la generación de energía”, concluyó.
