El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense habló en la Plaza de Mayo ante agrupaciones kirchneristas, de la CTA y del sindicalismo moyanista. En el día de la Lealtad peronista puso énfasis en la falta de acción del gobierno -del que forma parte- frente a las necesidades de los trabajadores y cargó contra los que impulsan según sus palabras “una flexibilización ambiental” en sintonía con las posiciones que se vienen conociendo de los partidos de izquierda.
Sin dar muchos detalles pareció aludir a las discusiones que en el Congreso se encuentran empantanadas por la “ley de humedales” que empujan la antiminería y a muchos sectores del campo con una norma que aplastaría el crecimiento el desarrollo de las provincias andinas y de varios distritos del interior del país que son quienes aportan a más del 60% del PBI de la Argentina.
Pareciera que Máximo no logra reaccionar a la exposición debilitada en la que lo dejaron la decisión de los gobernadores peronistas de no impulsar una norma que paraliza el desarrollo económico de sus ciudades ya que impulsa en los hechos el desconocimiento de la propiedad de los recursos naturales que poseen las provincias.
Por eso es que no sorprendieron las declaraciones del hijo de la vicepresidenta que en estos tiempos de campaña y mucho nerviosismo por la situación económica nacional sale a cuestionar los resultados de las consecuencias de sus decisiones.
Máximo parece olvidar que mientras administraba más de 17 propiedades en Santa Cruz, su padre impulsó la minería y el petróleo que le dejaron más de 500 millones de dólares a su provincia, aunque luego no quedó en claro que pasó con el destino de esos fondos.
El presidente del PJ bonaerense no midió las consecuencias o si lo hizo no le importó para ponerse en contra a medio país, ese que incluye a ciudadanos que salen a trabajar todos los días porque no reciben ningún plan y que los números 9 a 15 representan el horario de trabajo y no los kilos de los bolsos con que se los involucra a muchos de sus compañeros que pasaron por la gestión pública.
Por suerte impera la razón, la Argentina necesita muchas leyes, pero no van a salir con bravuconadas, aprietes y sin trabajar. No se trata de flexibilizaciones: “la laboral, la impositiva y la ambiental», como remarcó. Es poner un poco de paz y de dejar de promover el enfrentamiento entre los argentinos.
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