El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza se sumó a las críticas que se han levantado desde distintos sectores de la comunidad en contra la presentación judicial que pretende suspender la segunda audiencia pública para el proyecto minero de cobre en Uspallata.
Carlos Ferrer, cuestionó el amparo judicial que presentó el ex senador provincial Marcelo Romano, junto a un grupo de ambientalistas antimineros, con el objetivo de frenar la audiencia pública del proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la cual está prevista para el 2 de agosto.
Se trata de una de las típicas medidas en donde un sector de la comunidad trabaja para frenar el desarrollo y hace alarde de temores y falta de documentación infundada que muchas veces esconde intereses políticos y partidarios.
Entrevistado en el programa “Es Un Montón”, de MDZ Radio FM 105.5, Ferrer aseguró que “este amparo es un cocoliche jurídico” y sentenció que “es el último manotón de ahogado de un proceso que empezó en 2010. En ese año, grupos antisistema, absolutamente anárquicos y delirantes a los que no le importa el desarrollo de Mendoza genuino y real, empezaron a presionar por la antiminería en la Legislatura”.
“En el 2010 cuando se trataba el tema San Jorge apretaron a legisladores estos grupos violentos, que son los mismos que explotaron meses atrás en Uspallata, con los dedos pintados y con proceso en trámite”, manifestó el abogado respecto a los disturbios que ocurrieron a finales del mes de enero en Uspallata, durante una protesta contra el proyecto San Jorge.
Tras esos incidentes resultaron detenidos los referentes ambientalistas Mauricio Cornejo y Federico Soria, quienes fueron imputados por hechos de violencia y amenazas ocurridos el 24 de enero durante la inauguración de una oficina minera en la localidad del departamento de Las Heras.
“Después vino el 2019 con la ley 9209 que modificó la 7722, una ley que duró una semana porque el ex gobernador Suarez la mandó a aprobar y no tuvo los cojones para bancarla. Se cayó porque no bancó la presión y a estos grupos de antisistemas que fueron a tomar la Legislatura”, relató Ferrer en el programa de radio.
En este sentido, el titular de la Cámara de Servicios Mineros enfatizó que “los grupos tienen dos o tres líderes, ciudadanos comunes, que en base a mentiras aglutinan gente que obviamente tienen miedo. Pero esto empieza a liderarse desde la política. Por ejemplo, Difonso hace e hizo negocios con esta antiminería. Andá a preguntar a San Carlos si están contentos, si son Suiza o si están con las industrias florecientes. Ellos hacen un negocio y el negocio es tener una banca. Hay gente que los sigue y que no está informada, porque no tiene obligación de informarse porque está en el día a día subsistiendo”.
Respecto del amparo judicial presentado por Romano, Ferrer sostuvo que “en el amparo afirman 6, 7 u 8 mentiras garrafales. Quieren suspender la audiencia pública del 2 agosto invocando una serie concatenada de mentiras y estupideces y postergarla para la primavera”.
En el mismo sentido planteó que “estos grupos son antidemocráticos y son los que no respetan la ley. Nosotros tenemos una ley hoy, que yo no la quiero, la odio a la 7722, pero este proyecto respeta a la 7722. Estos grupos piden que respetemos la ley pero si hay algo innovador que no viola la 7722 también lo boicotean”.
“Ellos dicen que hay falta de información y hay 4.500 hojas en un informe de impacto ambiental donde están todos los detalles milimétricos de todo lo que va a ser el respeto a nivel flora, fauna, recurso hídrico, ambiente y desarrollo con la comunidad, bajo apercibimiento de ser fuertemente castigada”, manifestó y añadió que “el amparo es solamente precautorio para suspender la audiencia. No están poniendo los porqué”.
