Por Miguel Martín y Danisa Páez Oruste
En medio del proceso de evaluación ambiental de Josemaría, desde Minería & Desarrollo nos propusimos averiguar lo que a nivel tributario permitiría avanzar rápidamente en la obtención de los millonarios fondos que requiere la construcción del proyecto ubicado en Iglesia y que casi con seguridad tendrá zona de influencia directa en Jáchal.
En ese sentido, nos permitimos señalar uno de los varios que existen, pero a nuestro entender de suma importancia, como es la creación de un nuevo régimen de Devolución Anticipada del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los proyectos mineros que se encuentran en etapa de construcción y que van a generar luego millonarias divisas por exportaciones.
¿Por qué es necesaria la introducción de cambios en este régimen?
La devolución del IVA es un crédito que se devalúa fuertemente en proyectos de construcción mineros, porque implican muchos años desde que se paga el IVA hasta que se recupera con la exportación. Ni que hablar en procesos inflacionarios como el que vive la Argentina en la actualidad.
Este tema lo conocen bien en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo mismo que los beneficios para el país y las comunidades que reciben esas inversiones, sin embargo, los buenos criterios tributaritos a veces son hundidos por miradas irracionales, mezquinas y solo justificables por cierta militancia antiminera, no ambientalista.
En el pasado, en Argentina estuvo vigente la ley 24.402 que fue fundamental para la construcción de la mina Veladero, una de las mega ultima inversiones mineras del país. A esta le siguió la ley 26.360, que se aplicó por ejemplo durante la construcción de Lama, pero que fracasó porque era de compleja aplicación.
Esto significó una pérdida financiera millonaria para Barrick y fue uno de los problemas para Lama, aunque las esquirlas terminaron por hundir a Vale y su proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza.
Las otras necesidades que reclama Lundin tienen que ver con bajar la presión tributaria que llega al 52%, permitir un libre acceso al mercado de cambios, y el no pago de retenciones en los primeros años de operación.
Los problemas en el mercado de cambios también son un conflicto para la minería, que tiene una balanza netamente exportadora, pero a la hora de liquidar sus divisas debe hacerlo al precio del dólar oficial y manda dividendos a las casas matrices al valor del mercado paralelo. Esto es una pérdida económica importante.
Al final un combo que pide cualquier empresario argentino, pero por el tamaño de las inversiones que hay en juego- que estiman serán más de 3090 millones de dólares-, por el apoyo gubernamental que tiene Josemaría y sobre todo por el impacto en las economías regionales, valdrá la pena ponerle una vela para saber cómo sigue esta historia.
