En medio de fuertes enfrentamientos entre ambientalistas, políticos y empresarios por la puesta en marcha del proyecto MARA en la localidad catamarqueña de Andalgalá, ahora la Iglesia Católica se metió de lleno en el conflicto.
La Pastoral Social de Catamarca emitió un extenso comunicado en el que criticó con dureza la falta de diálogo entre las partes, pero también abogó por el derecho de los grupos vulnerables y reclamó enérgicamente mayor acceso a la información de toda la ciudadanía. Además, solicitó que quienes tiene el deber de informar lo hagan “con veracidad y profesionalidad”.
En el documento, el Equipo Diocesano de esa institución religiosa citó el Acuerdo de Escazú como una herramienta para demandar que se garanticen “los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, tal como lo sostiene la norma. Y agregaron que “también en el mismo tenor está el deber de informar con veracidad y profesionalidad por parte de quienes deben hacerlo”, en una clara señal a Yamana, empresa dueña del proyecto.
Además, realizaron un fuerte reclamo por la falta de información sobre los proyectos de litio que se instalan en la zona.
“Sirvan estas herramientas para los actores que ahora están en conflicto en la Perla del Oeste. Pero también sirvan para que todos los ciudadanos podamos tomar parte en los varios emprendimientos mineros para la extracción del Litio que ya han sido anunciados. No nos podemos quedar solamente con lo que, con esfuerzo periodístico y hasta donde tienen acceso, publican los medios de comunicación. Todos escuchamos hablar del Litio. ¿Sabemos qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lo extrae? ¿En qué zonas de Catamarca se concentran? ¿Quiénes lo van a extraer? ¿Cómo? ¿Quiénes controlarán su extracción y producción? ¿Cuál es el impacto sobre el medioambiente, especialmente sobre el agua? ¿Y cuánto de los beneficios se llevarán las Empresas y cuánto quedará para los catamarqueños? ¿Es equitativo y razonable el reparto de las ganancias? Todas estas preguntas nos las debemos hacer y tenemos, como ciudadanos, el derecho de saber y que nos respondan”, sostienen en el comunicado.
El comunicado completo
Los últimos hechos de violencia sucedidos en Andalgalá, y que son de público conocimiento, han puesto de nuevo sobre el tapete lo que podríamos ya denominar la cuestión minera. Se trata de una situación social que aparece como problemática porque suscita muchos interrogantes y porque a la hora de dar respuestas los actores involucrados, sea por la razón que fuere, no logran ponerse de acuerdo convergiendo todo en un conflicto de intereses que algunos no ven otra salida que dirimirlo por la fuerza.
Es evidente que nadie quiere escuchar a nadie. Porque si existiera la voluntad de escuchar, ya todos se hubiesen puesto de acuerdo para dialogar. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién, ¿la verdad? ¿La tienen los que impulsan la minería? ¿La tienen los que se oponen a la minería a gran escala? ¿No será más bien que todos tienen algo de razón, y todos tienen parte de verdad? ¿Pero cómo saberlo si no nos escuchamos? ¿Y cuáles son los obstáculos para escucharnos?
¿Es posible hallar una herramienta que nos permita sortear esos obstáculos y permita una conversación sincera, objetiva y superadora? ¿Hay acaso algunos criterios objetivos e imparciales y aceptados por todos, que permitan a las partes sentarse, expresar sus pareceres y dar respuestas a lo que sea conflictivo a partir de esos criterios?
Desde el Equipo de Pastoral Social de la diócesis de Catamarca nos parece que sí existen esos criterios: los que la Doctrina Social de la Iglesia ofrece sobre el Medioambiente; la Encíclica Laudato si del papa Francisco, y el documento “Discípulos misioneros, custodios de la casa común” del Episcopado Latinoamericano. Una conversación a la luz de los principios que allí se nos ofrecen, podrá emanar claridad sobre los obstáculos que impiden escuchar y recibir orientaciones para destrabar el conflicto por medio del diálogo.
Otra herramienta que seguramente va a ayudar es el “El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018. En su presentación el Secretario de la Naciones Unidas dice: “Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. Y en el prefacio Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expresa: “Este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”. Agregamos nosotros, que también en el mismo tenor está el deber de informar con veracidad y profesionalidad por parte de quienes deben hacerlo.
Sirvan estas herramientas para los actores que ahora están en conflicto en la Perla del Oeste. Pero también sirvan para que todos los ciudadanos podamos tomar parte en los varios emprendimientos mineros para la extracción del Litio que ya han sido anunciados. No nos podemos quedar solamente con lo que, con esfuerzo periodístico y hasta donde tienen acceso, publican los medios de comunicación. Todos escuchamos hablar del Litio. ¿Sabemos qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lo extrae? ¿En qué zonas de Catamarca se concentran? ¿Quiénes lo van a extraer? ¿Cómo? ¿Quiénes controlarán su extracción y producción? ¿Cuál es el impacto sobre el medioambiente, especialmente sobre el agua? ¿Y cuánto de los beneficios se llevarán las Empresas y cuánto quedará para los catamarqueños? ¿Es equitativo y razonable el reparto de las ganancias? Todas estas preguntas nos las debemos hacer y tenemos, como ciudadanos, el derecho de saber y que nos respondan.
Como expresa el papa Francisco en Laudato si’, es posible un progreso sustentable.
Hace un año, ante otro conflicto minero, lo dijimos. Ahora nos parece conveniente repetirlo. “Conversando se entiende la gente”. Si hace falta nuestra colaboración para que pueda darse ese diálogo, estamos a disposición de dar lo que desde la Iglesia podemos ofrecer en defensa de los bienes de la creación y garantizar un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Paz y Bien.
