La comunicación a sus accionistas de que la obtención de permisos claves para el desarrollo del proyecto Josemaría se va a demorar y que lo esperaban para este año- será para el otro-, puso arriba de la mesa uno- no el único- de los problemas más graves que tiene Lundin en San Juan.
Según supo Minería & Desarrollo el informe ambiental del proyecto iglesiano adolece de documentación básica que es requerida por la comisión de evaluación ambiental y la recolección de esos datos insumirá varias semanas para ser entregados en tiempo y forma. A lo que luego habrá que esperar otro tiempo similar para que pueda ser evaluado por los organismos competentes.
No viene al caso tratar de explicar por qué no se incluyó esa documentación. No está, es un hecho. Lo que sí se evidencia es una falta de seriedad que orilla la falta de respeto cuando en el intercambio de información con la Comisión Interdisciplinaria Evaluadora de los Informes de Impacto Ambiental (CIAEM) minero, tal su correcto nombre, entregó documentación en inglés.
Ese error hubiera merecido el despido inmediato en cualquier oficina corporativa y es algo que Lundin no les ha contado a sus accionistas a la hora de explicarles el por qué se va a demorar la obtención del permiso ambiental clave para la obra.
Aseguran que ese documento se entregó en inglés con la aclaración que esa información estaba en ese idioma, pero se insiste en que era documentación básica que debía estar en el mismo informe compilado por la empresa.
En esa línea se entiende el por qué se cuidaron en su comunicado de señalar que pese a la demora (la suya) cuentan con el apoyo del gobierno nacional y provincial.
Algo que por lo que pudimos relevar desde Minería & Desarrollo no es tan así ya que fuentes oficiales contaron en estricto off que nunca se coordinó esta comunicación y que esa alerta a los accionistas “lo único que confiesa son los propios problemas que tiene la empresa en la redacción, compilación y entrega de información que se le pide”.
Las autoridades del Ministerio de Minería se sorprendieron del anticipo de nuestro portal en medio de una reunión con representantes de todas las cámaras de proveedores mineros de San Juan y rápidamente el anuncio de Lundin pasó a formar parte del temario del encuentro.
Hubo coincidencia en reconocer y respaldar el trabajo de la CIAEM en la evaluación del informe que se encuentra con regulares problemas a la hora de contar con la información que piden los 14 organismos que la integran.
Sin embargo, y puertas adentro del ministerio de Minería y de la Casa de Gobierno, hubo mucha bronca por la forma en que se redactó el comunicado en el que queda claro que los intereses de la empresa son primero corporativos, -el de responder a sus accionistas-, luego con las autoridades, después con los evaluadores y por último con la comunidad en donde están proveedores, sindicatos, etcétera.
La intención del gobierno es que esa pirámide de prioridades de todo el grupo Lundin en San Juan sea al revés, primero la comunidad, luego las autoridades y en forma paralela, el respeto por los intereses corporativos.
“No es un gobierno que esté en contra de las inversiones, las promueve y quiere el desarrollo de la riqueza de todos los sanjuaninos”, destacaron hoy a Minería & Desarrollo.
En ese análisis es que se recordaron los errores que admite la empresa en informar cambios en el consumo de agua del proyecto, el de contratar a expertos que no son de San Juan como especialistas a la hora de evaluar algunos de los aspectos sociales del proyecto, pero lo que terminó de provocar todas las tensiones juntas fue la denuncia de la Cámara Argentina de la Construcción y de CARPEM, quienes aseguran que hay empresas que no son de San Juan trabajando en el mantenimiento del camino de acceso que hoy ingresa por La Rioja, cuyos únicos antecedentes serían la cercanía con algunos miembros del equipo de liderazgo de Lundin en Argentina.
No vamos a recordar aquí todas las discusiones que el gobierno analiza y que aún permanecen abiertas por el no reconocimiento que hace Josemaría a la zona de influencia directa con Jáchal y con las localidades riojanas de Villa Unión, por ejemplo.
Ni que hablar del reclamo de información complementaria que está haciendo el INPRES respecto al diseño de las obras en el dique de colas.
Las repercusiones por el famoso comunicado habían puesto en discusión lo que hasta ayer era un hecho: entregarle un borrador a la empresa (Draft) a modo de papel inicial hasta llegar a una Declaración de Impacto Ambiental definitiva, lo que es un hecho llegará el año que viene.
Lundin necesita esa declaración para completar un hito importante en el financiamiento de la obra a lo que se deberá agregar las facilidades en la tributación y giro de dividendos al exterior. Por eso sorprendió ayer que la propia empresa complicó y tensó su relación con las autoridades -y con la propia comisión que evalúa su informe- al establecer a su antojo los plazos en los que cree que contará con un documento que se demora por sus propias torpezas a la hora de la entrega de información.
Los evaluadores
La CIAEM es una dirección técnica del Ministerio de Minería que viene trabajando desde febrero pasado para analizar cada uno de los parámetros ambientales de los proyectos mineros.
En la actividad minera el IIA de un proyecto es su Informe de Impacto Ambiental. Luego de ser analizado, modificado o mejorado, el gobierno emite la DIA, es decir la declaración de impacto ambiental que significa la aprobación legal del mismo y que permite comenzar a gestionar todos los permisos sectoriales y comenzar la construcción de la mina.
El trabajo de la Comisión comenzó en marzo y hasta el momento se han realizado una treintena de encuentros en los que se han analizado los parámetros ambientales contenidos en el Informe de Impacto Ambiental presentado por Josemaría.
Como en ocasiones anteriores, el encuentro se desarrolla con participación presencial y virtual, ajustada a los protocolos de seguridad sanitaria vigentes, y permitió el avance en aspectos puntuales del Informe para su pormenorizado análisis por parte de los representantes de los organismos provinciales intervinientes.
La tarea es supervisada por el Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Hugo Chirino y la Directora de Evaluación Ambiental Minera, Belén Uriza, junto a técnicos del Ministerio y cuenta con la participación de representantes de las 14 instituciones que conforman la Comisión encargada de evaluar los aspectos puntuales y específicos de cada detalle del proyecto, entre las que se destaca el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Hidráulica, INACRAS, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, la Dirección de Recursos Energéticos, CIPCAMI, DEAM, INPRES, UNSJ, UCCuyo, la Secretaría de Ambiente con tres direcciones (Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, Dirección del Parque de la Biodiversidad); INTA y la Secretaría de Agroindustria y Ganadería.
Minería & Desarrollo
