Un enfrentamiento entre policías y ambientalistas de Andalgalá dejó como saldo varios heridos que debieron ser trasladados al Hospital y la detención de una mujer. Desde la Asamblea El Algarrobo denuncian persecución y apuntan contra el gobierno provincial y Yamana, la empresa dueña del proyecto MARA. El intendente andalgalense se mostró preocupado y responsabilizó al gobernador.
Una noche de tensión se vivió en la localidad catamarqueña. Es que según denunciaron asambleístas, alrededor de las 20 horas efectivos de la policía provincial dispararon balas de goma contra manifestantes ambientalistas en la zona de Aguas Claras. Hubo heridos, entre ellos mujeres y ancianos, apuntaron.
Por su parte, la versión policial aseguraba que los policías fueron emboscados. «Cuando las unidades que estuvieron trabajando en la zona de Minas Capillitas procedían a retornar a la ciudad de Andalgalá, un grupo de antimineros bloquearon la ruta para impedir el paso de la policía de la provincia y mediante emboscada comenzaron a agredir a los vehículos y a los uniformados con palos y piedras, dejando 5 policías heridos y dañando las unidades móviles», dice la versión policial. Ante ello, los efectivos procedieron a descender de las unidades y conformar una formación para realizar el despeje, por lo que un grupo de sujeto comenzó a lanzar piedras contra los uniformados, lo que motivo que se realicen disiparos con cartucho anti multo (postas de goma) al piso y al aire para lograr disuadir a los manifestantes. Por estas horas los policías se encuentran realizando las denuncias penales correspondientes».
En medio de estas acusaciones cruzadas y tras una noche de violencia, el intendente andalgalense Eduardo Córdoba demostró su preocupación, lamentando que sea “un enfrentamiento entre hermanos” fomentado por el Estado provincial. Dijo que quiso hablar con el gobernador Raúl Jalil y no pudo hacerlo, y que el mensaje después de los enfrentamientos es que “Catamarca no está preparada para la minería metalífera a cielo abierto”.
En una entrevista radial, Córdoba señaló: “Creo que hay que hacer la evaluación de lo que veníamos diciendo hace bastante tiempo atrás, ¿no? Lo que ha pasado en Andalgalá es volver a contar una historia que nunca va a acabar en tanto y en cuanto el Gobierno siga teniendo la misma postura y contradiciendo sus dichos. Cuando se habla de diálogo, el diálogo tiene que ser tal”, objetó el jefe comunal.
“Lo que ha pasado el día de ayer tiene que ver con una nueva ausencia de quienes tienen que ser responsables de brindar las órdenes, de custodiar y garantizar la paz social de nuestros vecinos. Una vez más me siento impotente, porque lo que está pasando en Andalgalá es lo que ya ha pasado hace un año atrás. Recordemos aquel 10 de abril, cuando vecinos se habían enfrentado entre vecinos. Se repite una vez más. Es una lucha de pobres contra pobres que se pretende solucionar afuera de nuestro pueblo y que muchas veces los funcionarios de la provincia han hecho silencio. Me preocupa de sobremanera el silencio, el no expresarse ante lo que venimos diciendo desde Andalgalá. De esto que tiene que ver con un Estado contradictorio, un Estado que deja en manos de una empresa la custodia del medioambiente”.
Manifestó que están dispuestos al diálogo, pero que el Gobernador «amaga».
“Así como el gobernador dice que el tema del litio se debe resolver aquí en las provincias y no en Buenos Aires, porque aquí está el litio, bueno yo también les tengo que decir que la causa de Andalgalá, la coyuntura social que estamos viviendo se tiene que solucionar en nuestro pueblo”.
Como en otras entrevistas anteriores, Córdoba apuntó contra los funcionarios provinciales de Seguridad y Minería.
“Estoy preocupado, no sé si el silencio tiene que ver con la incapacidad y la inoperancia o porque se han puesto en un lugar y a través de antas macanas que se han venido cometiendo, tantas incongruencias e irregularidades en la política ambiental minera de la provincia los ha puesto en un lugar incómodo. Pero la realidad es que hasta el momento nadie se ha comunicado con nosotros, nadie ha dado la cara”.
También señaló que seguirán en su rol de “policía ambiental” como municipio, ya que a su entender las licencias del gobierno provincial a las mineras hacen que “sea poner el zorro a cuidar el gallinero”.
“No podemos darle las facultades a una empresa que nos diga a dónde explorar, qué explorar, cómo hacerlo y que nos comente los resultados y nos quedemos callados. Es poner al zorro a cuidar el gallinero. Notamos muchísimas irregularidades y también queremos hablar eso con funcionarios de la provincia. Para que todo el pueblo catamarqueño lo sepa, la política minera está en manos de una empresa que tiene intereses bien claros”.
Minería & Desarrollo con información de El Ancasti y asambleas ambientalistas.
