Las gestiones que hizo el secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel para garantizar que la industria minería vuelva a ingresar en el lote de las actividades esenciales durante la pandemia, no habían despejado las dudas respecto a si esa definición alcanzaba a todos sus proveedores.
Es que esta fresco en la memoria de todos los proveedores lo que pasó el año pasado con el empresario Sergio Vallejos Mini, quien fue detenido y luego condenado en primera instancia a un año de prisión en suspenso y 80 mil pesos de multa, por abrir su fábrica y hacer trabajar a 30 empleados durante la fase 1 de la en cuarentena para preparar un lote de camperas para distintas empresas mineras.
Su caso llego a los tribunales de alzada y se lo terminó absolviendo de culpa y cargo resaltando que su actividad se encontraba encuadrada como actividad esencial tal como lo había dispuesto para todo el sector minero las autoridades nacionales.
Lo que estaba claro era que el nuevo decreto del presidente de la Nación incluía a la minería como actividad esencial y se sucedían anoche y hoy las consultas a las autoridades para tener una definición clara al respecto.
Se aseguraba que el tema estaba en la agenda de la reunión de gabinete del equipo del gobernador Sergio Uñac que en la mañana del sábado se desarrollaba en Casa de Gobierno.
Lo que las cámara de proveedores le reclamaban al gobierno era que existiera una definición expresa a la cadena de valor minera para no pasar malos ratos o estar dando explicaciones en los juzgados de flagrancia o a la «gestapo de las brigadas de Leyes Especiales», tal como las han bautizado, a los grupos oficiales de esa repartición que recorren comercios, empresas o industrias, para ver si cumplen con la legislación vigente.
Las cámaras de proveedores mineros de San Juan querían que se imponga a sus empresas las mismas condiciones que ya existen en otras provincias mineras como Santa Cruz, Catamarca o Jujuy.
La discusión entre las autoridades es lo difícil de establecer cuando una empresa está trabajando para el sector minero o no y que haya una posibilidad que un grupo de empresas puedan beneficiarse de este “paraguas” legal para desarrollar o hacer actividades que están bloqueadas o prohibidas por el aislamiento que rige en todo el país.
La línea es muy delgada porque pese a que hay una aprobación general a la necesidad de ingresar en una restricción de circulación por la pandemia, todo el sector comercial e industrial que no son actividades esenciales, están dispuestas a denunciar cualquier doble discurso de las autoridades.
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