La gran compradora y elaboradoras de uva en San Juan y Mendoza, Fecovita; logró que una jueza revierta un fallo que condicionaba a sus directivos
El largo pleito judicial que mantiene la bodega Fecovita que opera en San Juan y Mendoza, con la española Eris LLC dueña de la mina de oro jachallera Gualcamayo tuvo un nuevo capítulo, en esta oportunidad a favor de la vitivinícola.
Un informe que publica el diario Tiempo de San Juan destaca que la jueza Eleonora Arenas, del Primer Tribunal Penal Colegiado, levantó la prohibición de salir del país que pesaba sobre el presidente de Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Rubén Panella, y otros directivos. Todo a raíz de haber sido imputados penalmente por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, según publicó diario Uno.
La prohibición judicial abarcaba también a Eugenio Portera y Roberto Vázquez como síndico e Hilda de Vaieretti, en calidad de autores imputados por el delito de «balance falso», y Marcelo Federici y Gustavo Aranguena como partícipes necesarios.
Así lo había dispuesto el fiscal Juan Ticheli a principios de agosto, pero ayer la jueza revirtió el fallo, con lo cual Fecovita ganó un round en la extensa pelea judicial –en los fueros comercial y penal- que mantiene con su exsocia Iberte, que pertenece a la firma LLC que timonea en San Juan la mina jachallera.
Las complicaciones judiciales del grupo español en la provincia de Mendoza -que controla aquí la mina Gualcamayo- hizo que decidieran por priorizar todas sus inversiones en San Juan.
Largo juicio
Ambas empresas están enfrentadas desde el 2022, tras un fallido contrato de venta en consignación de un volúmen considerable de vino y mosto en Europa. El acuerdo se cayó y derivó en denuncias cruzadas de incumplimiento por más de 30 millones de dólares, acusaciones de estafa y pedidos de quiebra. Esto último viene manteniendo en vilo cada temporada a los viñateros sanjuaninos, ya que una buena porción de la producción de uvas de San Juan es absorbida por Fecovita.
En su resolución la jueza Arena consideró que la prohibición de salir del país para los directivos de Fecovita, que debió salir a defenderse de otra denuncia por su balance 2023, fue una «medida de coerción lisa y llana, infundada, arbitraria y desproporcionada», por no existir «riesgo de fuga» del país. La UFI de Delitos Económicos imputó en su momento a Panella y los otros 5 directivos por el delito de «balance falso del artículo 300 inciso 2 del Código Penal».
De acuerdo con lo publicado por el diario mendocino, la decisión consumada a su favor, la defensa de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas no dudó en señalar que la prohibición dejada sin efecto fue una medida «negociada» por Ticheli y la querella impulsada por los abogados de Iberte.
«La jueza interpretó que el fiscal incurrió en una grave contradicción al considerar falso el balance contable de Fecovita del 2023, dado que antes habíamos presentado el acta de la asamblea de accionistas y no fue tenido en cuenta», señaló Fernando Juri, abogado de la defensa.
Sin embargo, tanto el INAES (Instituto Nacional de Economía Social) a nivel nacional, como la Dirección de Cooperativas en la provincia de Mendoza dieron su aval. Aun así, hay algunos datos llamativos. A esa presentación con fecha 10 de junio desestimada por el fiscal de la UFI le siguió otra de la querella que devino en la prohibición. Fue la elevada por Guillermo García, ex titular del INV y actual representante de Iberte, con el pedido de imputación.
Cómo sigue la causa
A raíz de estas complicaciones judiciales, Fecovita ha admitido que en los últimos meses viene perdiendo “millones de dólares en ventas», por la prohibición de salir del país de sus directivos. Por ejemplo, su presidente se perdió de cerrar contratos de venta de vino y mosto en México, EEUU y Canadá.
Todo se remonta a mediados de 2022, cuando el contrato por el cual Fecovita acordó entregar a Iberte un volúmen de varios millones de litros de vino y mosto en consignación a Iberte. Entonces, ambas firmas conformaron una sociedad, Evisa, que hoy también está en el centro de la escena.
Desde Iberte se aferran al hecho de haber vendido sus acciones en Evisa para relativizar su responsabilidad en la extinta sociedad. En el medio, hasta sospechas sobre Juan José Retamero, el nº 1 de la firma de capitales eslovenos, de querer quedarse con Fecovita. Retamero es el empresario español que compro la mina Gualcamayo. El mes pasado anuncio que compró el predio de Cinzano y que hará un complejo urbano con departamentos, centro comercial y oficinas en la ex bodega sanjuanina.
El tire y afloje, en el fondo, pasa por otra cuestión: mientras Iberte quiere mantener el litigio en el fuero penal, para Fecovita todo pasa por un conflicto de índole comercial. La publicación plantea el interrogante de cómo va a terminar la batalla judicial, y quien terminara pagando los costos de un juicio que ha escalado fuerte.
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