Con el ingreso a la era del cobre y el desarrollo de importantes proyectos mineros, como lo son Josemaría, Los Azules, Pachón y Altar, San Juan podría recaudar alrededor de USD 7 mil millones en 40 años, apuntaron desde la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) en una nueva webinar ralizada en el marco del ciclo “Historias compartidas” que esta vez estuvo titulada “San Juan al rojo vivo: el cobre que guarda la cordillera” y que tuvo como principal orador a Ricardo Martínez, secretario de la CMSJ.
Aseguró que con Pachón, Altar, Los Azules, Josemaría, Filo del Sol, Huachi y Chita la provincia tiene un cluster importante de producción y muchos años de explotación por delante. Además, indicó que San Juan está en un nivel de producción elevado y que puede seguir creciendo. Asimismo, agregó que hay potencialidad en otras zonas de la provincia para la extracción de cobre. “Hay que explotar el potencial para seguir descubriendo y tener capacidad para atraer capitales de producción para zonas menos conocidas”, manifestó. Todo esto siempre y cuando no se cambie las reglas del juego, teniendo en cuenta los escenarios económicos y políticos siempre cambiantes del país. “La explotación está en pañales”, afirmó.
En ese sentido, informó que el 70% de los recursos identificados de cobre se encuentran en América y el 39% puntualmente se localiza en América del Sur, por ello la importancia de definir esquemas impositivos claros y escenarios más certeros. Pero además, indicó que hay un 21% de recursos de cobre que aún no han sido descubiertos y por eso destacó la necesidad de continuar con tareas de exploración y perforación en la región.
Los Azules, Josemaría y Altar aparecen como los proyectos de cobre más importantes a nivel mundial y con mayor potencialidad y junto con Pachón podrían significar para San Juan un ingreso de 7 mil millones de dólares en los próximos 40 años. En la distribución de la renta fiscal de esos proyectos, Nación se llevaría el 85%, lo que equivaldría a 34 mil millones de dólares. La provincia se quedaría con el 15% en concepto de Regalías, Fondo Fiduciario y Tasas Municipales. Explicaron que la rentabilidad agregada neta de impuestos se reduce de 46% al 15% nominal por aplicación de los impuestos nacionales, provinciales, municipales, regalías y aportes de RSE e infraestructura. “Es una distorsión al total de valor agregado por la economía minera”, aseveraron.
Por ello es necesario acelerar tiempos de repago a la inversión. Aun sin aplicar tasas de descuentos, afectadas por riego país y riesgos sociales, no hay rentabilidad sustentable del negocio, con índices de 13% a 19% y períodos de repago de entre 8 a 10 años de operación, que se suman a 5 o 6 años en factibilidad y construcción, advirtieron e indicaron que esto se traduce en proyectos suspendidos o fuerza a modelos más chicos de explotación que se enfocan en áreas de concentración de alta ley en los planes mineros para reducir riesgos y a la vez paralizan exploración y las prefactibilidades/ factibilidades.
Los recursos, a las provincias
Si bien destacaron lo logrado en el Acuerdo San Juan y el trabajo de la Mesa del Cobre, aseguraron que se debe hacer hincapié en que la plata vuelva a la provincia de alguna forma, ya que es la dueña del recurso. “Que los recursos migren a las provincias donde se producen”, pidió Martínez, mientras que Mario Hernández, presidente de CMSJ apuntó que “el desafío es lograr la descentralización ya que el 85% de la tributación se lo lleva el Estado Nacional”.
Con el desarrollo de los proyectos de cobre, indicaron que San Juan podría facturar al 2030 más de USD 3 mil millones, tener una dinámica económica de más de USD 30 mil en diversos agregados de valor en bienes y servicios durante cuatro décadas. Además, según este mismo informe, la provincia podría tener durante la década 2020-2030 alrededor de 20 mil puestos de trabajo directo y cerca de 80 mil puestos de trabajo indirectos permanentes por construcción de minas, sin contar obras e infraestructura necesaria como son caminos y energía.
Sin embargo, advirtieron que para ello se requiere una concertación productiva para generación genuina de fondos en el marco del crecimiento de las economías regionales, un esquema impositivo atractivo y sostenible que permita recupero de inversión en tiempos razonables de cinco a siete años desde el comienzo de la construcción de la mina, racionalidad económica, social y ambiental, excelencia en la gestión pública y énfasis en el desarrollo sustentable.
