El Gobierno presentó un proyecto de ley para modificar, después de 23 años, el artículo 29 de la Ley 6611, específicamente ajustando los valores vinculados a trámites mineros. El ejecutivo salteño cree que esta iniciativa es esencial ya que desde el año 2000 la norma no había sufrido modificaciones y con esto busca “promover inversiones genuinas y prevenir prácticas especulativas en el sector”.
El proyecto incluye tasas para diversos servicios, desde solicitudes de concesión de permisos hasta la manifestación de descubrimiento de minas, “con el propósito de poner fin a valores desactualizados que han generado la presentación masiva de trámites con costos mínimos”.
El gobierno asegura que la inversión resultante se proyecta como un “impulsor para el desarrollo de infraestructuras críticas en áreas como carreteras, energía, salud y seguridad”.
El ajuste propuesto implica cambios significativos en los costos de trámites, como la solicitud de cateo, que pasaría de 50 unidades tributarias a 400,000. “El objetivo principal es atraer inversionistas comprometidos con el desarrollo sostenible, descartando aquellos que buscan adquirir minas con fines especulativos o inmobiliarios”, señalaron.
Además, se destaca que este ajuste contribuirá a evitar casos donde privados adquieren hectáreas para exploración sin la intención real de realizar inversiones, evitando procedimientos judiciales prolongados que dificulten el desarrollo económico y la generación de empleo en Salta.
