La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se establece la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La votación, que fue nominal, resultó con 32 votos por la afirmativa y 13 negativos.
Dicho Régimen, apunta a actividades como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, teniendo en cuenta que estos sectores “cuentan con dificultades intrínsecas para el desarrollo de grandes inversiones, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de los costos de inversión, que sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y competitividad, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado”, detalla la fundamentación.
Ahora, el foco estará puesto en el Senado en una provincia que busca activar la actividad minera y que en estos días inició el proceso de evaluación del Informe de Impacto Ambiental del Distrito Minero Malargüe Occidental.
Para ello, ya fijó la fecha de audiencia pública para el próximo 26 de agosto y autorizó además el pago de 8 mil millones de pesos para que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo realice el dictamen técnico que analice científica y técnicamente el estudio, según lo publicado en el Boletín Oficial.
El IIA incluye 34 proyectos de exploración asociados a la zona que cubre 22 mil km².
Además del dictamen de la UNCuyo, los organismos dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente solicitaron dictámenes sectoriales a la Municipalidad de Malargüe, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética, la Dirección de Ganadería, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT).
