Una propuesta que abre la puerta a la nacionalización de algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo fue aprobada en primera instancia por un comité como parte de la redacción de una nueva constitución en Chile.
La votación de un comité ambiental es el primero de varios obstáculos que la controvertida propuesta debería superar antes de convertirse en realidad. Requeriría el apoyo de dos tercios de la asamblea en pleno para convertirse en parte del proyecto de estatuto que se someterá a referéndum más adelante este año.
El riesgo de que se desarrolle ese escenario parece bajo en una nación conocida por sus reglas claras, estables y favorables a los inversores.
Pero si se implementa, la medida interrumpiría la economía de Chile, los mercados de metales y la transición global hacia la energía limpia. Las acciones de algunas empresas con minas en Chile, incluidas Albemarle Corp. y Anglo American Plc, redujeron sus ganancias después de la votación, mientras que el peso cayó.
La decisión de las autoridades chilenas ha paralizado todas las inversiones en ese país ante la posibilidad de que las empresas pierdan sus activos a manos del Estado y muchos cuarteles generales miran la situación económica y política de Argentina como una posibilidad cierta para desarrollar sus proyectos. Una situación que favorecerá a San Juan y a otras provincias si los argentinos lo sabemos aprovechar teniendo en cuenta el potencial minero de la Cordillera de los Andes, que es el mismo a ambos lados de la formación geológica.
Chile tiene las mayores reservas de cobre y litio, los cuales son cruciales a medida que el mundo intenta dejar de usar combustibles fósiles.
Hay un total de casi $ 70 mil millones en posibles proyectos mineros esta década, muchos de los cuales se verían afectados por la nacionalización.
El costo
Los cientos de miles de millones de dólares necesarios para compensar a las empresas mineras privadas pondrían en peligro los esfuerzos para aumentar el gasto social y reducir las desigualdades, objetivos que impulsaron el proceso constitucional en primer lugar. Si no se entrega la compensación total, Chile se encontraría en tribunales internacionales.
La moción que se está considerando incautaría las operaciones mineras privadas y terminaría las concesiones con el argumento de que los recursos estratégicos deben servir a los intereses de todos los chilenos y, por lo tanto, ser incorporados al «dominio pleno y exclusivo del estado», según un documento de la asamblea constituyente.
Las deliberaciones sobre una carta que reemplace la que data de la dictadura de Augusto Pinochet han comenzado en serio.
La semana pasada, el mismo comité dio la aprobación inicial a una propuesta para anular las operaciones que atentan contra las tierras indígenas. Otras propuestas incluyen establecer límites de tiempo para las concesiones, con la industria presionando para mantener el modelo indefinido, argumentando que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.
“El proceso constitucional es el cambio más grande para la minería chilena en los últimos 40 años”, escribió en un mensaje de texto Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining. “Me temo que implica serios riesgos porque hay mucho espíritu reformista y poca disposición a escuchar los argumentos técnicos del negocio minero”.
Edición de Minería & Desarrollo, con información propia y de Mining.Com
