Chile: empresas mineras, el Estado y comunidades indígenas alcanzan conciliación para reparar daño ambiental

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El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) aprobó un inédito acuerdo de transacción logrado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine con tres empresas mineras por el daño ambiental en el acuífero de Monturaqui-Negrillar y Tilpozo, ubicado en la zona sur del Salar de Atacama, con acciones que alcanzan los US$ 47 millones.

La conciliación a la que llegaron Minera Escondida, Albemarle y Compañía Minera Zaldívar se enmarca en la demanda de reparación por el daño generado en la zona, como también en las vegas de Tilpozo y los sistemas de vida y costumbre de la Comunidad de Peine.

El acuerdo entre las empresas mineras y los demandantes contempla 14 medidas que deberán ser ejecutadas en su mayoría por las compañías y que alcanzan casi los US$ 50 millones. Asimismo, considera una mesa de gobernanza entre la comunidad, las rmas y el Consejo de Pueblos Atacameños.

Desde Escondida de BHP destacaron el acuerdo alcanzado y sostuvieron que «considera medidas socioambientales inéditas en nuestro paíss, por montos que serían de los más altos que se han acordado en una conciliación ambiental».

Como compañía valoramos este histórico acuerdo, el cual es fruto de un proceso de diálogo y buena fe de todas las partes involucradas», agregó la empresa y marcó que Escondida cesó definitivamente la extracción de agua del acuífero y de todo tipo de fuente continental a nes de 2019.

En el área legal, BHP contó con la representación de Raimundo Moreno de Cariola Díez Pérez-Cotapos y Patricio Leyton de Ferrada Nehme; por parte de Albemarle estuvo Matías Montoya de Barros y Errázuriz, y Felipe Bulnes; mientras que Compañía Minera Zaldívar fue representada por Enrique Urrutia y Rodrigo Guzmán.

Sobre este mismo caso, el mismo Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó ayer lunes la reclamación interpuesta por Escondida en contra de la resolución de la SMA, que impuso una sanción de más de US$ 8,5 millones por incumplir su permiso ambiental, que data de 1997. La multa tiene origen en una denuncia del 2018 por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, en la que se daba cuenta de un descenso superior a 25 centímetros del nivel freático del acuífero. Así, en 2022, el CDE presentó la demanda de reparación por daño ambiental en contra de las tres mineras.

M&D con información de Diario Financiero.

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