La Convención Constituyente chilena tiene en las próximas tres semanas, un sobrecargado calendario para dilucidar materias fundamentales que serán parte de la nueva Carta Magna. Para esta semana se espera definiciones sobre un “Estatuto del Agua”, Modelo Económico, y Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, entre otras materias.
Ese cuerpo colegiado estableció ya un nuevo texto constitucionales de 240 artículos y –según la tendencia que se aprecia– serían cerca de 500 los acápites que finalmente pasarían a ser parte del texto definitivo.
La discusión sobre los derechos del agua, principios en el desarrollo de la minería y el modelo económico, son los que más atención convocan de los sectores industriales y económicos que ven un cambio que puede impactar en la inversión extranjera en el país trasandino. En este sentido, la mayoría de los periodistas que siguen las discusiones y el seguimiento del trabajo de la comisión, destacan que esta semana será definitoria en estos temas.
Entendiendo que más de la mitad de las normas todavía necesitan la aprobación en la sesión plenaria, el órgano constituyente enfrenta el desafío de cumplir con los plazos, pero también de garantizar la coherencia necesaria, sobre todo en aquellas materias que dicen relación con la creación de nuevas instituciones y el establecimiento de sus competencias y atribuciones.
La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, donde se discuten estos temas, se ha enfrentado a diversos factores que han complejizado su discusión y resolución, donde la enorme carga de trabajo se debió, principalmente, a que fue la instancia que más solicitudes de audiencia recibió al interior de la Convención y la que más indicaciones ha tenido en todo el proceso.
En un principio, se redactaron tres informes, uno por cada bloque temático: el Bloque A, sobre Medio Ambiente, Principios y Derechos de la Naturaleza; el Bloque B, referido a los Bienes Naturales Comunes y sus distintos estatutos; y el Bloque C, acerca de Modelo Económico.
Luego, debido a la premura y la necesidad de cumplir con los plazos establecidos, se optó por condensar los Bloques B y C en un solo informe, al cual se sumó el Bloque D, referido a los Derechos Humanos Ambientales y que contiene normas provenientes de la Comisión de Derechos Fundamentales.
Principios Constitucionales
Este lunes también se votarán en el Pleno artículos que provienen de la Comisión de Principios Constitucionales. Se trata del tercer y último informe –sin contar con los de reemplazo– de una comisión que ha pasado tres veces por el hemiciclo. En este documento están incluidos el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Derecho de los Adultos Mayores y de las Personas con Discapacidad.
Una de sus coordinadoras, Lorena Céspedes, de Independientes por una Nueva Constitución, aseguró que no aún no tienen certeza sobre cuánto apoyo tendrá el artículo de migración. Establece que no se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria y que “se encuentran prohibidas las expulsiones colectivas”.
Este martes 19 de abril la instancia de Principios Constitucionales tiene como plazo para presentar indicaciones sobre el segundo informe, que contenía el Bloque 2 y 3 sobre Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. “Lo que es muy relevante ahí son los mecanismos de democracia directa”, describió la convencional y coordinadora. Aseguró que creen que la propuesta de Iniciativa Popular de Ley concita respaldo.
“No es un mecanismo directo, pero tiene cierta incidencia. Es lo mismo que realizamos en la Convención, donde las Iniciativas Populares eran de agenda, porque entraban al mecanismo de procesamiento de la Convención. No es que fuera una ley o una norma que pasa directamente a la Constitución. Si reúne los patrocinios necesarios, la propuesta de ley pasa a ser procesada dentro del Congreso”, explicó.
De esta forma, también advierte que el referéndum a la propuesta popular de reforma constitucional podría tener menos respaldo. “Se trata de que un porcentaje alto –a lo menos, al ocho por ciento del último padrón electoral vigente de acuerdo con el artículo–, de la ciudadanía que junta firmas para que una propuesta sea ley, y eso se plebiscita con una propuesta paralela de parte del Congreso. No sabemos si va a tener suficiente apoyo para pasar el Pleno”, agregó.
Lorena Céspedes explicó que se organizaron con los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia, Vanessa Hoppe y Christian Viera, en torno al referéndum modificatorio de reforma constitucional –ya que esta comisión también está impulsando esta idea– y que adoptaron parte de la redacción que este grupo hizo. “Estamos trabajando juntos”, describió sobre la tarea entre las coordinaciones.
Derechos Fundamentales
El martes 19 de abril es el turno de Derechos Fundamentales. Con artículos sobre Educación, Salud, Seguridad y Vivienda, se enfrentan por tercera vez al Pleno con su último informe.
“Ahí están todos los que de verdad le importan a la gente”, explicó César Valenzuela, uno de los coordinadores de la comisión e integrante del Colectivo Socialista.
Agregó que es incierto el resultado, ya que –según el convencional– la derecha al interior de la comisión —Claudia Castro (RN), Alfredo Moreno (Ind. UDI), Katerine Montealegre (UDI), Teresa Marinovic (Ind. Partido Republicano), Manuel Ossandón (Ind. RN), Bárbara Rebolledo (Evópoli)–, no es precisamente “representativa de ese sector”.
Algunos acápites que han causado revuelo en la opinión pública son los de Seguridad Social y Educación. “La norma aprobada por la Comisión deja fuera del sistema de seguridad social a entidades o instituciones privadas que tengan fines de lucro, o sea, AFP como las que creó el DL 3.500 no existirían”, aseguró el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Católica, Eugenio Evans, a La Tercera el pasado 9 de abril.
El coordinador aseguró sobre el artículo de previsión que delimita los principios y lo demás, como la creación de un sistema de pensiones, quedaría en manos de los legisladores. “La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social Público, que otorgue protección”, establece el artículo, además de considerar que “le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social”.
“Está la universalidad, la solidaridad, entonces la pregunta es: ¿con este Sistema de Seguridad Social terminan las AFP? A mi juicio, no. ¿Significa que el sistema de capitalización individual puede seguir tal cual está hoy? Tampoco, porque le agrega solidaridad. ¿Podría producirse un sistema mixto? Sí. ¿Podría producirse un sistema solidario y un sistema mixto? También, pero eso no es decisión de nosotros. Nuestra tarea es abrir caminos, no cerrarlos”, puntualizó Valenzuela.
Sobre los dos primeros bloques temáticos que se votaron en particular en un mismo informe (en la sesión plenaria del pasado 15 de marzo), el coordinador dijo que todavía faltan temas que vuelvan al Pleno, y considera relevantes los artículos que fueron rechazados y que tendrán que modificar sobre Expropiación y Propiedad Indígena.
Sistemas de Conocimientos
En el texto borrador del proyecto de nueva Constitución ya están incluidos 24 artículos emergidos desde la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonios. La mayoría de estas normas aprobadas por la instancia plenaria están referidas a los Derechos Culturales, Derechos de las Comunicaciones, Derecho al Ocio y a los Conocimientos. Sin embargo, en otras materias no se han alcanzado los consensos necesarios y muchas de sus propuestas han sido rechazadas, entre ellas, la polémica propuesta referida a los Derechos de Autor.
Aún está pendiente la discusión en la comisión sobre aquellas normas rechazadas de los informes 2 y 3, donde durante los próximos días centrarán sus esfuerzos en la formulación de la segunda propuesta del segundo informe, que incluye entre otras materias todo lo relativo a los derechos autorales. Por su parte, este miércoles 20 de abril el Pleno votará en general y en particular el tercer informe y final, que contiene además algunas normas derivadas de la Comisión de Derechos Fundamentales, y que incluyen materias como normas sobre Telecomunicaciones, Espacio Radioeléctrico y Comunicaciones Digitales, Política Nacional del Libro y de Fomento a la Lectura, entre otros aspectos.
En cuanto al artículo relativo a los Derechos de Autor, el cual está siendo reformulado al interior de la comisión y que ha dividido al mundo cultural, ha estado marcado por enormes presiones, tanto mediáticas como privadas. En ese sentido, desde el interior de la instancia comentaron que uno de los mayores problemas a los que se enfrentó esta norma en particular, fue que todas las miradas estuvieron concentradas en la propiedad, mientras que lo que se buscaba específicamente con este acápite era proteger la autoría de artistas e intérpretes, pero también su vínculo con los derechos culturales, donde estas materias debían estar en directa relación.
La convencional Carolina Videla, coordinadora de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, apuntó a “que uno de los errores que tuvo esa norma fue hablar de autor titular y no del autor intérprete, lo que causó mucho revuelo y que, efectivamente, no debió haber sido planteado así.
Ese desacierto lo asumimos como comisión en forma colectiva, puesto que obviamente lo que buscamos es que todo lo que logremos instalar en esta nueva Constitución sea siempre un avance sobre lo que ya existe en materias de derechos autorales, que tiene mucha relación con la propiedad, un tema que sobrepasa nuestro radio de alcance, considerando que las temáticas de derecho de propiedad están directamente instaladas en la Comisión de Derechos Fundamentales. De todas maneras, hemos hecho las indicaciones necesarias y estamos trabajando en aquello”.
Finalmente, y en relación con la poca efectividad en cuanto a normas aprobadas en comparación con las otras comisiones, Videla planteó que desde este espacio creen que los temas relacionados con Cultura y Sistemas de Conocimientos no son parte del diálogo habitual y común de las personas en la interacción social y que, por lo tanto, ha existido un trabajo relacionado con la pedagogía de estas materias hacia los propios constituyentes. Además, apuntó a que en el conjunto de la Convención se considera que es la comisión a la que se le otorga menos importancia, “ya sea por desconocimiento, desinterés o desidia”.
Forma de Estado
Tres son los informes y bloques temáticos que presentó al Pleno la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.
Ya es parte del texto borrador la denominación de Chile como un Estado Regional, probablemente uno de los aspectos más novedosos del proceso constituyente hasta el momento, pero que aún tiene varios elementos que deben ser zanjados, principalmente relacionados con la descentralización fiscal y tributaria, además de las autonomías territoriales y sus competencias.
Se trata de la comisión temática más avanzada en sus plazos y discusiones, al interior de la Convención, destacándose su amplia aprobación en los plenos. Aún quedan pendientes los Informes de Segunda Propuesta que contienen las normas que fueron rechazadas en particular y que corresponden al Bloque 2, enfocado en el fortalecimiento de los gobiernos locales.
Estos informes serán votados en particular durante el transcurso de esta semana al interior de la comisión, donde ya están formuladas sus indicaciones, para luego ser enviados al Pleno en una fecha por definir, durante la próxima semana.
Se proyecta que no debería ser un proceso muy extenso, debido a que corresponde a algunos artículos sobre Comuna Autónoma, específicamente un par de incisos sobre juntas de vecinos, delegaciones municipales y ciertas conceptualizaciones sobre concejo municipal.
En cuanto a los territorios especiales, desde la comisión explican que buscaron condensar los artículos que tenían considerados en un principio, que eran alrededor de cinco o seis, con el objetivo de reducir la cantidad de incisos que contienen y, así, alivianar su estructura.
Una estrategia que también llevaron a cabo con relación a las autonomías territoriales indígenas, donde finalmente solo serán tres artículos, referidos principalmente a su reconocimiento y competencias, en una materia que buscan consagrar en el texto constitucional para que luego se desarrolle a nivel legislativo.
Con respecto al tercer informe, donde está incluida la descentralización fiscal, solo queda pendiente el texto de reemplazo, cuyas normas transitorias serán discutidas en la comisión a partir de este miércoles 20 de abril.
La coordinadora de esta instancia, la constituyente Jeniffer Mella, valoró positivamente el hecho de que el Pleno ya aprobó 9 de un total de 25 artículos, en una materia que se hace bastante densa, al incluir conceptos tributarios.
Además, precisó que lo que buscan es “incorporar algunos mecanismos de descentralización fiscal que principalmente garanticen la solidaridad, pero también las transferencias directas hacia las entidades que estamos garantizando, para que pueda haber efectivamente poder en estas autonomías territoriales que estamos consagrando a nivel constitucional”.
Sistema Político
“Quienes deben responder son los colectivos que han traicionado su propia palabra empeñada. En ese caso, bien lo sabemos, quienes se abstuvieron o rechazaron son los colectivos INN y el Socialista. Llegué al punto de pensar que incluso debería pedirles el teléfono de Ricardo Lagos o José Miguel Insulza, a fin de poder conversar con quienes parece que realmente están tomando las decisiones”, dijo la convencional Bárbara Sepúlveda (PC), el pasado 12 de abril.
Esta recriminación se dio en medio de las votaciones en el Pleno del informe de reemplazo del primer bloque de Sistema Político, luego de que el artículo medular, el 28, que establecía las atribuciones de la Cámara de las Regiones, fuera rechazado con 102 votos (le faltó uno para formar parte del borrador de la Constitución) y devuelto a la comisión con rechazos y abstenciones de la centroderecha, Independientes No Neutrales (Jorge Abarca, Mauricio Daza y Tammy Pustilnick, quien no votó) y de Patricio Fernández (Ind. Colectivo Socialista).
El informe que establecía un “bicameralismo asimétrico”, con un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones que reemplazaba al Senado y que limitaba sus materias, entre las cuales ser revisora, fue resultado de seis días de negociación entre casi todos los colectivos de la centroizquierda –a excepción del Colectivo del Apruebo, ya que Fuad Chahin se retiró de las tratativas–, más los grupos de independientes y de Movimientos Sociales.
Las semanas previas, integrantes del Colectivo Socialista –que aprobaron este artículo, a excepción de Patricio Fernández– habían declarado en medios de comunicación que no estaban satisfechos con las 17 atribuciones y que el acuerdo era mejorable.
Tras el rechazo del artículo sobre las facultades de la Cámara de las Regiones, el Colectivo Socialista rechazó el acápite 7 sobre las atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados. Fueron aprobados 40 artículos de 64, del informe que elaboraba el funcionamiento del Sistema Legislativo y Ejecutivo.
Los convencionales de Sistema Político tienen hasta la medianoche del viernes 22 para presentar indicaciones a los artículos rechazados, para ser votadas en la comisión y, después, enfrentarse otra vez al Pleno. Esto significa rediseñar un modelo Legislativo.
Mientras, preparan el segundo y último bloque –el lunes seguirán votando indicaciones al interior de la comisión–, que se enfrentará este viernes al total de convencionales y que aborda temas relativos a la transparencia en los órganos públicos, relaciones exteriores y Estados de Excepción. Es el último informe de la comisión, y hasta hoy han sufragado 145 indicaciones.
Por ahora, se aprobó una indicación que regula los Estados de Excepción Constitucional y fue presentada por convencionales del Frente Amplio, el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo, Independientes por una Nueva Constitución, Pueblo Constituyente y Pueblos Originarios.
Establece que será el Congreso de Diputadas y Diputados, dentro del plazo de 24 horas contadas desde el momento en que la Presidenta o Presidente de la República someta la declaración de Estado de Asamblea o de Sitio a su consideración, el que deberá pronunciarse, por la mayoría de sus miembros, aceptando o rechazando la proposición.
Además, dicta que la declaración de Estado de Sitio solo podrá extenderse por un plazo de quince días, sin perjuicio de que la Presidenta o Presidente de la República solicite su prórroga, para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de cuatro séptimos de las diputadas y los diputados en ejercicio para la primera prórroga, de tres quintos para la segunda, y de dos tercios para la tercera y siguientes.
Fue rechazada una indicación presentada por el Colectivo Socialista, Independientes por una Nueva Constitución, el Colectivo del Apruebo y Pueblos Originarios, que establecía que regular los Estados de Excepción sería una “ley de acuerdo regional”, es decir, que sería revisado también por la Cámara de las Regiones.
Este lunes se votarán las opciones presentadas sobre acusación constitucional. La que fue presentada por el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo, Independientes por una Nueva Constitución, Pueblo Constituyente y Pueblos Originarios, establece que para declarar “ha lugar” la acusación en contra de una autoridad, se requerirá la mayoría de los diputados y diputadas presentes, y el acusado será suspendido desde el momento en que el Congreso de Diputadas y Diputados lo dicte.
Además, propone que es atribución de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que los diputados y diputadas lleven adelante; dicta que la segunda Cámara “resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”.
La otra alternativa para delimitar cómo funcionarán las acusaciones constitucionales es la presentada por los convencionales del Partido Comunista, Movimientos Sociales Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional.
Esta segunda opción establece que “el Congreso de Diputadas y Diputados, en sesión conjunta con la Cámara de las Regiones, resolverán como jurado y se limitarán a declarar si el acusado es o no culpable de la infracción o abuso de poder que se le imputa. La acusación se entenderá rechazada si no recayere ningún pronunciamiento sobre la misma dentro de los quince días siguientes a su formulación”.
Sistemas de Justicia
Los informes elaborados por la Comisión de Sistemas de Justicia han pasado cinco veces por el hemiciclo. El pasado jueves 14 de abril, presentaron al Pleno un documento que incluía normas sobre el Banco Central, la Corte Constitucional, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Justicia Ambiental y Defensoría de los Pueblos, su último bloque temático.
El día anterior, los integrantes de esta comisión avisaban que algunos solicitarían a la instancia plenaria que devolviera el total del informe a través del rechazo al documento en la votación en general. Argumentaban que no habían tenido el tiempo necesario para elaborarlo.
Ese día, Hugo Gutiérrez (PC) dijo, sobre el informe, que “la diversidad de órganos autónomos constitucionales puede eventualmente afectar la división de poderes, y los recursos que deben estar destinados a la satisfacción de los derechos sociales. Este número considerable de órganos constitucionales autónomos, a mí personalmente, me preocupa”.
Por su parte, Ruggero Cozzi (RN) afirmó que “notamos cierta inflación de órganos autónomos. El informe propone regular quince órganos autónomos, y esto sin perjuicio de otros que surjan de las demás comisiones”.
Desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, la centroderecha, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes pidieron al hemiciclo que devolviera estas normas.
Mientras, representantes de Pueblos Originarios y Pueblo Constituyente solicitaron al Pleno que se llevara a cabo su votación. Finalmente, con 55 votos a favor, 20 en contra y 65 abstenciones, lo devolvieron a la comisión.
“Justicia Constitucional es uno de los temas que el tiempo no nos ha permitido conversar. Es el que requiere mayor diálogo político”, aseguró uno de los coordinadores de la comisión, Christian Viera (FA).
“Tiene que ver con el tipo de diseño para la justicia constitucional. Si es un tipo con un control fuerte para la Corte Constitucional, o uno débil. El fuerte supone que la Corte Constitucional tiene competencias derogatorias de la ley. Y otros sostenemos que más bien el Tribunal Constitucional puede hacer un control concreto, es decir, en el caso, sin perjuicio de que no tiene control fuerte, toda vez que es el legislador el que tiene la última palabra en lo que es diseño legislativo”, explicó el coordinador.
Viera agregó que hay un acuerdo común entre los distintos sectores en relación con que el control preventivo, es decir, el control antes de la promulgación de una ley, “debería desaparecer”.
Otro de los temas que destacó del informe que volvió a la comisión es el procedimiento de reformas constitucionales. “Esto se refiere principalmente a lo que podríamos llamar reforma popular de la Constitución, y está tomado del modelo uruguayo. Significa que las personas, con un número abultado de patrocinios, puedan presentar una reforma directa a la Constitución. Con todo, siempre el Congreso tiene la alternativa de presentar una propuesta análoga a la popular, y ambas se someten a plebiscito, y será la ciudadanía la que decida en torno a cuál de las dos alternativas, o ninguna, sea la que concita más apoyo”, apuntó el convencional del Frente Amplio, agregando que “se usa poco y es de uso extraordinario”.
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