Uno de los proyectos mineros más importantes del país, Minera Antamina, decidió suspender sus operaciones ante protestas y bloqueos. “Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas”, señaló la empresa en un comunicado.
Los desmanes fueron apoyados en forma original por el gobierno de izquierda que maneja el país y que busca subir los impuestos y nacionalizar varios proyectos mineros, pero se vio desbordado por las protestas a las que luego no pudo contener.
Tal como lo venimos insistiendo desde Minería & Desarrollo, la situación en el Perú pone en evidencia la fragilidad institucional del país y fuerza a las empresas mineras en repensar al país como prioritario para las inversiones privadas y mineras en especial.
Esta delicada situación puede generar apoyos a las inversiones que las mismas empresas mineras tienen en la Argentina, donde pese a nuestra situación económica, hay cordura y respeto por la institucionalidad. Solo falta que se den las garantías mínimas que requieren los inversores para poder trabajar con normalidad como lo hacen en cualquier parte del mundo.
La situación en Perú
El comunicado de Antamina dice que “Durante los últimos días hemos apelado al diálogo y la búsqueda de entendimiento. Hemos manifestado nuestra disposición a escuchar, atender inquietudes y contestar consultas. Hemos tendido la mano en busca de acuerdos y nos han respondido con falsos señalamientos. Más preocupante aún, hemos sido objeto de acciones violentas y recibido veladas amenazas de generar más violencia; todo esto mientras se anuncian supuestas “alianzas” entre malos dirigentes para seguir generando alteraciones de la paz social”, añaden.
Indican que no esperarán “a que ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad física de nadie” ni se afecten los bienes de terceros cercanas a sus instalaciones.
Además, invocaron a que el “Gobierno y sus autoridades actúen para restablecer el orden y las condiciones necesarias para volver a esa dinámica de diálogo y entendimiento”
“Mientras estas condiciones no se alcancen, no podemos seguir operando”, acotaron.
Tal como lo venimos insistiendo desde Minería & Desarrollo, la situación en el Perú pone en evidencia la fragilidad institucional del país y fuerza a las empresas mineras en repensar al país como prioritario para las inversiones privadas y mineras en especial.
Piden intervenir al Estado
En los últimos días, se han registrado distintas protestas en Ayacucho, Perú debido al paro de comuneros. Ellos piden el retiro de empresas mineras de sus territorios y han hecho sentir sus reclamos restringiendo el tránsito en diferentes distritos como Puyusca, Chaviña, Sancos y Coracora.
También se han registrado hechos de violencia en el que una turba ingresó a las instalaciones de las operaciones mineras Apumayo y Breapampa. La policía respondió y el saldo fue de 12 heridos.
Ante estos hechos, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo un llamado urgente para que el Gobierno haga primar el Estado de Derecho frente esta ola de violencia que se viene dando contra operaciones mineras y de hidrocarburos en diversas regiones del país.
“Lo que hemos visto en los últimos días es una violencia inadmisible: cientos de personas invadiendo e incendiando instalaciones, destruyendo maquinaria, robando explosivos y poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores”, señaló el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, tras condenar el ataque al campamento de la empresa minera aurífera Apumayo en Ayacucho.
En muchas de estas acciones violentas -indicó- los manifestantes reclaman medidas restrictivas para la minería en las llamadas cabeceras de cuenca, desconociendo que estos espacios ya tienen un régimen especial de protección, dado en la Ley de Recursos Hídricos.
“Recientemente se han aprobado una serie de disposiciones para atender de manera especial la posible vulnerabilidad de estas zonas, pero sin prohibir actividades formales que cuentan con estudios ambientales autorizados. Además, en todos los casos, se trata de operaciones mineras que están permanentemente bajo el escrutinio de los organismos de fiscalización como OEFA y Osinergmin”, comentó.
En las últimas semanas -anotó- se han registrado bloqueos de vías, además de tomas de operaciones mineras y petroleras, sin que el Gobierno se haga cargo de restablecer el orden y propicie el necesario diálogo. “Vemos una intolerable vulneración del Estado de Derecho que pone en gran riesgo la vida de los trabajadores y la población, así como a la propiedad pública y privada”, añadió.
A la toma de la Estación 5 de Petroperú, que ya lleva más de 27 días ocupada ilegalmente, -indicó- se sumaron los constantes bloqueos en el Corredor Vial Sur, en la provincia de Cotabambas, que causaron importantes pérdidas de producción afectando a la industria minera nacional.
Además, -detalló- existe una permanente amenaza de toma de operaciones o de carreteras en Oyón (Lima), Chumbivilcas y Espinar en Cusco, en Aquia de la provincia de Bolognesi (Ancash), Pasco, y en Melgar (Puno), que finalmente pueden resultar en actos delictivos como los registrados en Ayacucho.
Minería & Desarrollo con información de Agencias
