La afirmarción de Gastón Noguera, abogado especialista en Derecho Ambiental, fue expresada en Catamarca durante la primera Jornada de Derecho Ambiental organizada por la Corte de Justicia de esa provincia, la Escuela de Capacitación Judicial, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y la Asesoría General de Gobierno.
Noguera, director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado de San Juan, contó que la provincia tiene una legislación ambiental bastante amplia, que abarca distintas problemáticas ambientales. El principal objetivo es tratar de alcanzar una solución anticipada.
“El Derecho Ambiente tiene sus años; en 1994 se plasma en el artículo 41 de la Constitucional Nacional y en adelante comienzan estas sucesivas normativas ambientales, en distintos subsistemas. Este componente ambiental comienza a tener una trascendencia y hace eco en la vida del ser humano. La Constitución misma habla de un ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo. Es decir, de ninguna manera, el ambientalismo está en contra de los principios de desarrollo o económico sino, todo lo contrario, en una permanente compatibilización, teniéndose en cuenta la sustentabilidad para que las generaciones presentes disfruten de todos los recursos naturales pero que también las generaciones futuras puedan acceder a estos beneficios”, opinó.
Para Noguera, el Derecho Ambiental es una cuestión supra individual. “El daño que uno le causa al ambiente se lo está causando a sí mismo. Se comienza con educación, información, participación ciudadana, acceso a la Justicia como algo normal y de llano, no como una cuestión inaccesible. Es una cuestión de todo y lo que prima es lograr este desarrollo y que el ambiente esté siempre en un ámbito primordial. El Estado tiene que tener este componente ambiental como una prioridad y como una finalidad en la prevención de estos derechos que son fundamentales, como la igualdad, la libertad y la propiedad, el ambiente”, expresó.
El otro sanjuanino que expuso fue el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pablo Nicolás Oritja, quien compartió su experiencia cuando intervino en el amparo ambiental que se interpuso cuando se produjo el derrame de solución cianurada en el Proyecto Veladero en 2015. De acuerdo con esta experiencia, consideró que sin duda, se requiere de un abordaje especializado. “Desde allí debe encararse la difusión de la información, también la capacitación a la ciudadanía. La participación ciudadana y los espacios de diálogo son necesarios y esenciales. La cuestión es cuándo está la interrelación del consenso social o la búsqueda de la licencia social”, comentó.
Para el magistrado tanto la actividad minera como la agropecuaria o industrial ponen en mesa de diálogo toda la temática ambiental. “La debemos valorar desde todo este aspecto, en toda la actividad industrial y antrópica”, sostuvo.
