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Proyecto ambiental de Boric podría hundir la obra del Túnel de Agua Negra, advierten en Chile  

El gobierno del presidente Gabriel Boric trabaja en un área marina protegida que abarcará las regiones de Atacama y Coquimbo, en la misma área donde se pretende construir dos megapuertos.

Como es sabido el proyecto de minera Dominga -ligado a la familia de Carlos Alberto Délano, cuyo destino se encuentra en las manos del Comité de Ministros para la sustentabilidad y que preside Maisa Rojas-, no contempla solo la extracción de hierro desde yacimientos en la zona de la Higuera, sino también proyecta la construcción de un megapuerto que pondría en riesgo la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt.

Pero este proyecto no es el único en la zona. En el área comprendida entre la localidad de Barrancones y Totoralillo Norte, están contemplados otros dos grandes proyectos portuarios que han pasado prácticamente inadvertidos ante la polémica de Dominga, y que también supondrían un impacto medioambiental sin precedentes -aseguran científicos y ambientalistas- debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). Se trata de Puerto Cruz Grande, propiedad de la CAP Minería y de un nuevo proyecto de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), iniciativa industrial de propiedad del Estado, pero cuya construcción –según distintos actores– se encuentra rodeada de incertidumbre sobre si será un nuevo puerto o una “ampliación”, como se ha dicho públicamente.

Los tres proyectos están relacionados con la construcción de un meganegocio de infraestructura que asoma desde la cordillera: el Túnel de Agua Negra, un proyecto bioceánico que pretende mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina, cuya construcción se estima aproximadamente en diez años.

Protección marina

Creada el Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), “los proyectos de inversión que busquen desarrollarse en la zona deberán someterse de acuerdo a la ley, lo indica en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, explicó al respecto Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, a El Mostrador.

“El plan de manejo del AMPCMU establecerá las estrategias, programas, zonificación y restricciones para las actividades que busquen desarrollarse al interior y en las inmediaciones del área, buscando siempre no poner en riesgo los objetos de conservación en virtud del cual el área fue creada“, aseguró.

Esto es clave para Nancy Duman, cofundadora de la Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama.

Para ella, esta iniciativa oficial “no es compatible con ningún megaproyecto como Dominga, Puerto Cruz Grande u otro que pueda aparecer, debido a la alta sensibilidad de este maravilloso ecosistema. Cualquier accidente, vertimiento de mineral o introducción de alguna especie exótica invasora que puedan traer las embarcaciones transcontinentales, dañaría irreversiblemente este ecosistema”, dijo.

La iniciativa de protección birregional fue anunciaba por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en el marco de una visita a la zona en junio pasado. Sin embargo, se trata de un proyecto con varios antecedentes.

Birregional

El área es birregional “porque el ecosistema y el fenómeno de surgencias marinas de Chile central de la Corriente de Humboldt se encuentra frente a las costas de las comunas de La Higuera y Freirina, sin distingo del límite político-administrativo entre ambas comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo. Prima, entonces, el enfoque de proteger el ecosistema en su integridad”, según Flores.

“Se propone una medida integral de protección del ecosistema, vale decir, en su carácter birregional Atacama-Coquimbo; y ecosistémico, que incluye porciones de mar, fondo marino, islas e islotes como parte de los hábitats que utilizan aves marinas para descanso y nidificación, y que son parte relevante de la trama ecológica del ecosistema y las especies ahí presentes”.

En ese sentido, el carácter birregional de la medida se basa en la evidencia científica, según el funcionario.

Por otra parte, la medida propuesta –un área marina costera protegida de múltiples usos (AMPCMU)– no se contrapone a la tradición histórica y a los legítimos intereses de continuar, mejorar y fortalecer la pesca artesanal sustentable en la zona, así como el turismo sustentable de gran potencial, cuestión que bien trabajada significa empleos con pertinencia e identidad local, como, asimismo, estándares que aseguren el cuidado del patrimonio natural y cultural propio de la zona, añade.

La medida propuesta, además, se alinea con la visión de transición ecológica del gobierno de Boric “porque no se contrapone a necesarios y válidos desarrollos sociales y vitales de las comunidades ahí presentes, siempre que éstos no vayan en contra o pongan en riesgo la integridad del área marina protegida ni la permanencia de los objetos de protección y los ecosistemas”.

“La creación del área marina es necesaria, más debe contar con el camino limpio para poder proteger a los objetos de protección que la comunidad científica, habitantes y expertos han identificado para la conservación. Esto quiere decir, en concreto, que debe despejarse el camino de las amenazas reales que hoy liquidarían ese entorno: el proyecto Minero Portuario Dominga y el Puerto Cruz Grande”, subraya Matías Asún, director de Campañas de Greenpeace.

“Adicionalmente a las recomendaciones propias del mundo científico experto, entonces, desde Greenpeace consideramos que la creación debe ocurrir luego de despejar el camino de estas amenazas y debe prohibir de modo claro y concreto toda actividad destructiva o invasiva, incompatible con la protección efectiva, como la pesca industrial por ejemplo. Evidentemente, respecto del proceso, resulta fundamental tomar en consideración la opinión de expertos, y actores locales, tales como operadores turísticos, caletas de pescadores artesanales, pueblos originarios y otras actividades costeras identificadas”, apostilló Asún.

Características

En cuanto a sus características, será un área marina protegida birregional, pionera en el país, y cuya administración y gobernanza será “toda una innovación y a la vez un desafío”.

“Ayudará a trabajar birregionalmente sobre ecosistemas que no entienden de límites político-administrativos”, resalta Flores.

Como escenario de fondo, Flores también destaca que FAO y MMA han lanzado el proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) “Gobernanza de los Ecosistemas Marinos”.

Dicho proyecto, plantea justamente un piloto en las comunas de Freirina y La Higuera, por lo tanto, será un importante punto de partida y apoyo en relación al trabajo de gobernanza de esta zona y del AMCPMU que se cree.

Además, dado que en la zona, existen otras reservas (RN Pingüino de Humboldt y RM Islas Choros-Damas y RM Isla de Chañaral), habrá de establecerse una fórmula de gobernanza y gestión integrada con distintos servicios públicos, tales como CONAF y SERNAPESCA, que administran dichas reservas, y la Autoridad Marítima que tiene facultades en materias de fiscalización.

Flores también señala que la extensión no está aún definida y será parte del trabajo a desarrollar en los próximos meses.

Implementación

El área, luego del proceso de socialización con las comunidades locales y actores regionales, será propuesto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS).

Actualmente, el CMS está presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por los ministros de Agricultura; Esteban Valenzuela, de Hacienda; Marcelo Marcel, de Salud; María Yarza, de Economía, Fomento y Reconstrucción; Nicolás Grau, de Energía; Claudio Huepe, de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo; Juan Carlos García, de Transportes y Telecomunicaciones; Juan Carlos Muñoz, de Minería; Marcela Hernando, y de Planificación, Jeanette Vega.

De acogerse la propuesta por dicho Consejo, este propondrá al presidente de la República la creación de esta área protegida, quien la crea vía decreto supremo.

El decreto correspondiente, emana desde el MMA, siendo, además, firmado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y por el Ministerio de Defensa Nacional.

Luego de las firmas, y de la toma de razón del acto administrativo por Contraloría, el decreto debe publicarse en el Diario Oficial, fecha a partir de la cual el área toma existencia y total vigencia legal. En el decreto se establecen plazos para contar con el plan de manejo y con el consejo local de gestión, que es el marco de gobernanza participativa que se acopla al funcionamiento de esta figura de protección.

Plazos

Al ser consultado sobre los plazos, Flores indica que se actualizará el informe técnico, conforme a un área birregional y que integra las islas e islotes no protegidos del archipiélago.

El trabajo estará liderado por las Seremis de Medio Ambiente de Coquimbo y Atacama, en la forma de una mesa birregional que convocará a diferentes servicios públicos con competencia.

Luego de ello, se socializará la medida con comunidades locales. Con todo, Flores espera realizar la presentación de esta iniciativa al CMS hacia fines del primer semestre del año 2023.

Minería & Desarrollo con información de El Mostrador.

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