Un diputado provincial pidió que el Estado denuncie a las empresas mineras por contaminación, el intendente de Andalgalá y sus concejales quieren parar la actividad exploratoria en el proyecto Mara, mientras antimineros enfrentan a trabajadores y a la empresa Yamana por su trabajo comunitario.
Todo esto se da en la misma provincia donde vive la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Avila, quien por ahora no se ha expedido sobre lo que pasa en el lugar.
En este contexto el diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en el que propone que el Gobierno, por medio de Fiscalía de Estado, se involucre en causas mineras y denuncie a algunas empresas que actualmente operan en la provincia.
Puntualmente, Ávila propone que el Ejecutivo instruya a Fiscalía de Estado «para que se constituya como querellante particular en las causas que se siguen en el Juzgado Federal de Tucumán contra Minera Alumbrera, por contaminación y contrabando».
Además, pide que Fiscalía de Estado «inicie demanda penal en contra de la empresa minera Livent, que explota el litio en el Salar del Hombre Muerto, por presunta subfacturación» y que también «formule de manera inmediata las correspondientes denuncias penales por daño ambiental provocado por Minera Agua Rica».
«La Justicia Federal de Tucumán comprobó la contaminación con metales pesados del canal y de la cuenca y determinó el delito ambiental por violar la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos. De esto también se desprende otra investigación judicial por contrabando de minerales no declarados por Alumbrera, que según estudios realizados por la exdiputada Alcira Argumedo, significarían 8.000 millones de dólares al año», argumentó Ávila en su proyecto.
«Hoy Catamarca quiere llevar adelante la explotación del yacimiento de Agua Rica en Andalgalá, con la empresa MARA como socia de Minera Alumbrera», remarcó.
El diputado se sumó a los cuestionamientos contra Livent, por los supuestos «perjuicios económicos a la Provincia, vendiendo el carbonato de litio a un precio verdaderamente irrisorio, que no es el precio de mercado, para pagar menos en concepto de las ínfimas regalías (2%) que le cobra la Provincia».
«Esta subfacturación descarada que realiza Livent cuando le vende por un precio de mercado 10 veces menor del real el carbonato de litio a otra empresa del mismo grupo económico, tampoco ha sido denunciada en sede Judicial por el Gobierno de la Provincia», reclamó el legislador.
Por este mismo tema, el diputado radical Alfredo Marchioli presentó una solicitud ante AFIP para que se investigue si es que existió subfacturación o no.
Para Ávila, correspondería la denuncia penal y también la rescisión del contrato, más un juicio por daños y perjuicios «ya que seguramente esta maniobra fue perpetrada en reiteradas oportunidades en años anteriores».
«Esto contrasta notablemente con lo que estamos viendo en Andalgalá, donde el Gobierno quiere abrir el yacimiento Agua Rica, apelando a una violenta represión que se da, inclusive sin orden judicial, como se dio contra de los habitantes de Choya», cuestionó.
Minería & Desarrollo con información de El Ancasti
