A través de un comunicado firmado por la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, en el marco de la celebración de la Semana Laudato Si, la Iglesia salió con los tapones de punta contra la actividad minera en el país. “Nos sumamos con este abrazo al clamor de las personas y de la naturaleza, que ven amenazados sus sistemas de vida y el cuidado de la Creación, por proyectos de explotación minera a cielo abierto, con remoción de miles toneladas de roca y suelo y lixiviación del material pulverizado con enormes cantidades de agua con cianuro”, afirmaron en referencia a lo acontecido en Chubut y Catamarca, donde en las últimas semanas hubo movilizaciones en contra y a favor de la minería.
El documento que fue compartido también por el servicio de noticias del Vaticano, reza en un fragmento: “recordamos en este abrazo el reclamo del Parlamento Europeo para la prohibición en Europa de minería que utiliza cianuro, por el “impacto catastrófico e irreversible al medio ambiente y a la salud humana, existiendo tecnologías alternativas”, y aclara inmediatamente que “la minería es una actividad valiosa cuando se desarrolla cuidando el medio ambiente, la naturaleza y las personas, incluyendo la equitativa distribución de los riesgos y los beneficios”.
Lo que llama la atención es que la Comisión Episcopal de Justicia y Paz está bajo la órbita de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), aglutinada a su vez en el Consejo Episcopal Latinoamericano cuyo secretario general es un conocido de los sanjuaninos. Se trata de Jorge Lozano, el arzobispo de San Juan, provincia minera si las hay.
En la nota, la Comisión lanza una especie de advertencia al asegurar que “el sector minero que extrae mineral a cielo abierto debe dejarse inspirar por los principios éticos que emergen de Laudato Si y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y aplicar nuevas tecnologías compatibles con el cuidado de la Creación y de las personas, que la conviertan en una minería sustentable”.
Además, lanzaron una advertencia a los gobiernos provinciales al indicar que deben presentar “a los pueblos las nuevas tecnologías mediante plebiscitos vinculantes y confiar el control de la actividad a organismos públicos, científicos y organizaciones de las comunidades que viven en el territorio donde se llevará a cabo la explotación minera”.
Finalmente, la Comisión de Justicia y Paz convoca a un rezo que “nos oriente en el encuentro de caminos que transitemos todos juntos hacia una minería integralmente sustentable”.
