Hay dos medidas que anunció el gobernador Sergio Uñac que repercuten en la imagen y en el día a día de la actividad minera en San Juan. Una de ellas, de visión de gobierno y de estricto ámbito político provincial, ni siquiera se esbozó como prioritario en las discusiones del Acuerdo San Juan, la otra, apunta a resolver el histórico problema de las quejas de los proveedores por la falta de contratación de bienes y servicios provinciales.
La primera se refiere a la obligatoriedad para los intendentes de que solo puedan destinar las regalías mineras para obras de desarrollo estratégico como obras de infraestructura, vivienda, caminos y la prohibición para que esos fondos sean utilizados en gastos corrientes, es decir en pago de honorarios y becas (Iglesia es la capital mundial de las becas ya que así le llamaban las autoridades al pago de aportes sociales).
La segunda, busca hacer más eficaz y eficiente el compromiso que deben tener las empresas mineras a la hora de contratar bienes y servicios de San Juan.
En este último caso sorprendió la precisión y el ejemplo que utilizó el gobernador para dar a conocer su descontento con lo que pasa en la actualidad y se valió de la situación que hoy perjudica a las empresas metalmecánicas locales cuando las grandes empresas mineras envían a talleres fuera de San Juan la realización de reparaciones de piezas que se podrían hacer en la provincia.
En uno de sus pasajes, dijo refiriéndose al compre social y local: “Creemos que el recurso financiero, fruto del trabajo de los sanjuaninos, debe quedar en la provincia. El Estado debe contribuir a fortalecer la economía local, promoviendo y preservando el interés de los sanjuaninos, es por eso que he enviado una ley a la legislatura que establece un sistema de preferencias a la hora de las contrataciones locales”.
“Buscamos con esto -siguió- beneficiar a empresas locales, industriales, comerciales, de servicios, constructoras, cooperativas y productoras de la economía social que cuenten con establecimientos en la provincia y contraten mano de obra sanjuanina. El mecanismo prevé una ponderación (obligatoria de valoración) de entre el 3 y el 9 por ciento en favor de los oferentes locales”.
Y puso un ejemplo, el único que utilizó en casi toda la presentación del Acuerdo San Juan: “Es el arreglo de una pala cargadora de la gran minería que se está arreglando en una provincia que no tiene nada que ver con la actividad que defendemos y cuidamos los sanjuaninos. He buscado las causas y pueden ser múltiples, que aquí se cobraba más caro, que no había, o que había monopolio, que no había oferta para el arreglo. No iremos sobre las causas, iremos sobre las consecuencias. Vamos a trabajar para que esto que es una decisión política de hace mucho tiempo de los sanjuaninos, como lo pensó Domingo F Sarmiento, genere mano de obra en la provincia de San Juan”.
Se trata de una de las definiciones política y económicas más fuertes que se le escuchó al gobernador de la provincia en los últimos 5 años y busca solucionar el histórico problema de todas las cámaras de proveedores mineros que se quejan de que no son priorizados a la hora de la contratación de grandes empresas.
Fue tal el impacto de esta parte del discurso del gobernador que hasta muchas reparticiones se olvidaron de recalcarlo en el resumen de las medidas que impactan en la actividad, teniendo en cuenta que las quejas de los proveedores es uno de los principales temas que insumen tiempo y recursos al Ministerio de Minería, por ejemplo.
Esta es una brillante oportunidad para imponer la difusión del calendario de las licitaciones a las empresas mineras como un condicionante de la actualización de sus informes de impacto ambiental.
No más ejemplos como Iglesia
Volviendo al destino de las regalías mineras, si uno toma las diez propuestas que elaboró todo el sector minero en la mesa de trabajo para el acuerdo San Juan, no aparece en ninguna de ellas lo que refiere al cambio en el destino de las regalías mineras.
Se trata de uno de los puntos que Minería y Desarrollo describió en septiembre pasado al puntualizar en una de las molestias que más preocupa a varios funcionarios y es el ejemplo de lo que pasa en Iglesia, en donde Veladero acaba de cumplir 15 años de operación.
Son miles de millones de pesos los que llegaron en pagos de regalías mineras en todo este tiempo, pero a pesar de esa inyección de fondos, Iglesia pareciera que está peor que cuando no existía la actividad minera.
El irresponsable y hasta cuasi delictivo manejo de los fondos mineros hace que hoy los iglesianos estén cargados de sentimientos de frustración, desdicha y amargura.
