La iniciativa del Justicialismo fue aprobada la semana pasada en la Legislatura con el objetivo de regular, acompañar y promover el crecimiento de proveedores locales y de la mano de obra riojana en el sector minero.
La Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana establece que las empresas mineras deberán contratar al menos un 70% de proveedores y trabajadores locales. Se creará también el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM), y se implementará un sistema de contratación por “anillos”: primero se priorizará al departamento donde se ubique el proyecto, luego a la región y finalmente al resto de la provincia.
La ley también contempla incentivos fiscales y financieros para aquellas empresas que, además de cumplir con esas disposiciones, promueven una mayor participación femenina (más del 20%) o la inclusión de jóvenes de entre 18 y 29 años.
Federico Bazán, ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, celebró la sanción de la ley como parte de una política pública que busca consolidar un modelo de desarrollo inclusivo y aseguró que: “Esta norma es una expresión concreta del modelo de provincia que defendemos: con desarrollo productivo, inclusión, empleo local y priorizando nuestras pymes”.
También, el funcionario provincial destacó que “la misma se diseñó y trabajó con participación de todos los actores, con mucho consenso y transparencia”, para remarcar que “la ley acompaña a las empresas y trabajadores de La Rioja, pero a su vez ofrece un marco de seguridad jurídica, moderna, a las empresas inversoras. Estamos convencidos que el desarrollo de la minería se llevará a cabo con el desarrollo y participación de las comunidades”.
Por su parte, la secretaria de Minería de la Provincia, Ivanna Guardia, valoró el proceso participativo que dio origen a la ley y el impacto que tendrá en el desarrollo local.
Al respecto, sostuvo que “la Ley de Proveedores Mineros la venimos trabajando hace tiempo, con la participación de las cámaras de productores mineros. Estudiamos legislaciones de otras provincias para construir una mejor versión, con foco en priorizar a las pymes y trabajadores riojanos como mano de obra calificada, y destacando la perspectiva de género”.
Guardia también subrayó la importancia de la transparencia y la accesibilidad como principios fundamentales del nuevo esquema, sobre lo que aseguró que “habrá un registro público al que cualquier persona podrá acceder, lo que garantiza el control ciudadano. Esta ley es un paso concreto hacia una minería que genere empleo genuino, fomente la inclusión y permita el crecimiento económico desde el territorio”.
Por otro lado, la diputada provincial Lourdes Ortiz, integrante del Bloque Justicialista y autora del proyecto, remarcó que «la norma fue construida con amplia participación de cámaras empresariales, profesionales, proveedores locales y de la mano de la obra riojanas, regulando las relaciones entre las empresas mineras y quienes les ofrecen bienes, servicios o insumos, con reglas claras y equitativas”, sostuvo.
