La provincia implementará el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada, destinado a garantizar los derechos de las comunidades indígenas en el marco de proyectos de exploración y/o desarrollo minero.
En un encuentro realizado en la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, representantes de organismos nacionales y provinciales trabajaron de manera conjunta para concretar su implementación.
El equipo del área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería y el director de Asuntos Gubernamentales de Mendoza, Francisco Mondotte, se reunieron con Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a su equipo; Sonia Ochoa y Alejandro Collia, de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas.
“En el marco del trabajo conjunto que se viene desarrollando desde el año pasado, se llevó a cabo esta reunión clave para dar por aprobado el protocolo”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal. “Este tiene como fin garantizar el cumplimiento de los mecanismos adecuados para la Consulta Previa, Libre e Informada hacia las comunidades indígenas”, señaló. “Es un paso fundamental hacia un desarrollo minero responsable, con participación ciudadana y respeto por los pueblos originarios”, agregó.
El protocolo, aprobado por Resolución de la Dirección de Minería, se incorpora en el marco del Código de Procedimiento Minero, referido a normas de responsabilidad social, buenas prácticas y vinculación comunitaria en materia minera. El objetivo central es garantizar el respeto efectivo de los derechos de las comunidades indígenas conforme a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Mendoza.
La resolución que aprueba el protocolo establece que la consulta deberá activarse en todos aquellos proyectos donde se identifiquen comunidades originarias con personería jurídica reconocida por la Provincia. El procedimiento contempla principios fundamentales, como la libertad de decisión, la información adecuada y comprensible, y el respeto cultural, además de asegurar instancias de participación efectiva, plazos razonables, mecanismos de registro y seguimiento de acuerdos.
