La flamante subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda tiene el objetivo de incluir en los controles mineros a los ciudadanos, de plasmarse un sinnúmero de proyectos que hay en Mendoza, principalmente en Malargüe.
La funcionaria reconoció en una entrevista dijo que Mendoza tiene poca experiencia en la minería y «es necesario que haya una sensibilización y que se involucren para que también internalicen y que nos acompañen, inclusive, a hacer las tomas de muestras», aseguró a diario UNO.
Ojeda tiene a cargo desde hace una semana en el área, la evaluación y la reunión de todas las propuestas que se solicitaron para los proyectos de exploración del Distrito Minero en Malargüe, un procedimiento de generación de información sobre la flora y la fauna, nunca antes realizado en esa región. Esta evaluación de impacto ambiental deberá pasar por la Legislatura, la que deberá dar luz para la concreción de iniciativas de gran envergadura.
Para la ingeniera en Recursos Naturales Renovables con larga trayectoria en el área privada es fundamental lograr la licencia social, entendida como un acuerdo con las comunidades.
Es un permiso intangible de aprobación social que los ciudadanos otorgan a los proyectos extractivos. Son las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca del proyecto. Y es el contrato de credibilidad, confiabilidad y aceptación de las compañías y sus proyectos.
Participación ciudadana y licencia social para la minería
En esta etapa del Distrito Malargüe Occidental se están trabajando talleres para la difusión y los alcances de los proyectos de exploración.
«Tanto en petróleo como en minería queremos reforzar lo que hemos hecho bien hasta acá y ver cómo podemos avanzar. La Agencia de Cambio Climático y la Agencia de Sustentabilidad y la Dirección de Minería estamos trabajando en cómo vamos a procedimentar la participación ciudadana, desde ir colaborativamente en conjunto a tomar muestras con el ciudadano y estamos ensayando ese proceso», señaló la funcionaria de Ambiente.
Y se explayó: «Queremos que los ciudadanos nos acompañen en las tomas de muestras para los posteriores controles el día de mañana. Queremos democratizar los procesos porque la mayoría de las veces se desconocen y ante la mínima duda se produce este rechazo».
El control ciudadano o monitoreos participativos nacieron en Perú aunque alcanzaron visibilidad comunitaria y legal (fue incluido en todos los proyectos mineros como condicionante) en San Juan luego que Veladero y Barrick la pusiera en marcha de manera voluntaria y luego se extendió en Pascua Lama, Gualcamayo y Casposo.
La iniciativa ganó en credibilidad y sustentabilidad en los controles de calidad de agua para las comunidades cercanas a los proyectos mineros.
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