Tras los cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores, tanto a favor como en contra de la minería, en el Ejecutivo provincial analizan cambios en el articulado de la normativa. La intención es convertir a la actividad en política de Estado con el aporte de todos los sectores involucrados.
Mendoza se propone desde hace meses tomar a la minería como una actividad productiva que se sume al andamiaje industrial y turístico que ya posee, de la misma forma que lo hacen en la actualidad diversos países en el mundo como Australia, EEUU, Chile, Canadá, Perú, etcétera.
De acuerdo a lo que distintas agencias informan en Mendoza y a los que recabo Minería & Desarrollo, el plenario de comisiones que estudia el nuevo andamiaje legislativo que se quiere dar a la minería recibió a cámaras empresarias y organizaciones civiles que coincidieron en su visión negativa del proyecto presentado por el Ejecutivo partiendo de miradas profundamente antimineras.
En ese contexto es que hubo coincidencia en el cuestionamientos al artículo 4° del proyecto, el cual deroga la ley 3.790, referida a la creación de la Dirección de Minería y que, de paso, significa la eliminación del Consejo de Minería. Recalcaron que no fue la acción del Consejo ni la Dirección de Minería que la que frenó las inversiones mineras en Mendoza, sino que recordaron lo que ha generado la Ley 7.722 durante más de 15 años.
En la apertura de las exposiciones, el titular de la Unión Industrial de Mendoza, Matías Díaz Telli, destacó lo valioso de debatir sobre minería y pidió que la discusión sobre el desarrollo de la actividad se mantenga
Criticó la celeridad con la que se le quiere dar tratamiento al código y cuestionó la eliminación del Consejo de Minería. Al mismo tiempo, puntualizó que «no ven con buenos ojos» el protagonismo de las sociedades anónimas del Estado, refiriéndose a Impulsa Mendoza.
En segundo lugar estuvo la exposición del presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), Raúl Rodríguez, quien se centró en aspectos técnicos y jurídicos.
Recalcó que hay incongruencias notorias, desde el momento en que el artículo 4° se elimina la Dirección de Minería, pero se la sigue mencionando en el resto del proyecto. Además, apuntó al artículo 38°, el cual apunta a que en las áreas que queden libres por distintas razones, tendrá prioridad Impulsa Mendoza, cuestión que -según explicó Rodríguez- va en contra de lo que indica el Código de Minería de la Nación y -por lo tanto- caería en una situación de inconstitucionalidad.
Por lo que se desprende de las exposiciones y el interés del gobierno mendocino para receptar opiniones positivas se sabe que se aceptará un cambio en el artículo 4° para mantener de alguna forma la figura del Consejo Minero, aunque no serían las que tiene en la actualidad.
Ese punto fue el más cuestionado durante las exposiciones de la mañana de este jueves en el plenario de comisiones en el anexo de la Legislatura.
Lo que también surgió, pero que no sería modificado, es el artículo 38° referido a la prioridad que tendrá Impulsa Mendoza en caso de que haya áreas mineras libres.
En el oficialismo señalaron que se tomaron modelos de otras provincias para definir el modelo que están aplicando e insistieron con el argumento que indica que buscan evitar negocios inmobiliarios.
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