Ante la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre la compañía y el gobierno panameño, la empresa abrió un programa de retiro voluntario para sus colaboradores y llamó al gobierno a marcar una hoja de ruta.
Tras el fallo que impide las operaciones de Cobre Panamá, “la situación de los colaboradores ha cambiado y han surgido nuevos interrogantes, que requieren una aclaración por parte del Gobierno”, indicó la empresa en un comunicado. Señaló que estas cuestiones, junto con otras que son clave para la seguridad ambiental y la protección del sitio, “siguen sin respuesta, y la empresa urge al Gobierno a abrir un diálogo sobre el plan de transición”.
En ese sentido, la empresa, subsidiaria de la canadiense First Quantum, firmó un acuerdo con el sindicato mayoritario, UTRAMIPA, para abrir un programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Este mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda, aseguraron.
La empresa aclaró que se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de los trabajadores de un mutuo acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina. Por este motivo, el programa voluntario no se ofrecerá a todos los trabajadores.
“Hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros”, indicaron en el comunicado.
Finalmente. Cobre Panamá reiteró su voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno, que permita abordar estas y otras preocupaciones.
