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La Justicia confirmó multa millonaria a Barrick por el derrame de solución cianurada en Veladero

La valvula que dio origen al mayor desastre ambiental de la Argentina

El operador de la mina iglesiana pretendía anular la resolución con la que la provincia le aplicó una sanción de 9 millones de dólares. Ya suma dos reveses en la justicia. El planteo sorprende porque la empresa hizo disculpas públicas a sus accionistas y a la misma comunidad de San Juan.

Barrick pretende en la justicia que se anulen los motivos que dieron origen a la multa ya que el gobierno consideró que actuó con “negligencia, imprevisión y culpa”.

Esa calificación que le impuso el Ministerio de Minería es la que pretende anular ya que si lo alcanza reclamara la devolución de los fondos más los intereses de lo pagado en 2015 y que por la cotización del momento alcanzó a 145 millones de pesos.

El planteo se resolvió en forma inicial en el juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, quien, a fines de 2022, le rechazó la demanda.

Ahora, dicho fallo fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Civil, la que denegó el recurso de apelación y confirmó la sentencia, por lo que la empresa vio truncada su pretensión sobre el pago de la multa. El único camino que les queda es ir hasta al Corte de Justicia, acción que, según indicaron fuentes judiciales, la empresa va a tomar.

Las intenciones empresarias no solo buscan la devolución de la multa pagada sino mejorar el descredito público y societario que acarreó la situación que obligó a las máximas autoridades corporativas a pedir disculpas públicas a los accionistas y a la comunidad en San Juan.

El origen

El 13 de septiembre de 2015, en el gobierno de José Luis Gioja, una válvula de venteo de las cañerías matrices de producción de la mina Veladero sufrió una rotura, por lo que se produjo una fuga de solución cianurada.

Por ese motivo, en la gestión de Sergio Uñac, el Ministerio de Minería llevó adelante un sumario administrativo que derivó en una de las multas más altas aplicada en la actividad: 145.696.000 pesos.

Según los registros, por el derrame de 2015, se detectó que más de un millón de litros de solución cianurada llegó a los ríos iglesianos Los Potrerillos, Las Taguas y La Palca.

Para intentar revertir la primera sanción, Barrick sostiene en la justicia que el sumario tuvo errores y, así, consideró que “no actuó con negligencia, imprevisión, ni hubo culpa”.

Además, intentó justificar el incidente al indicar que “el suceso fue imprevisto e imprevisible, derivado de las condiciones climáticas que provocaron el congelamiento de las tuberías. Que ni el conocimiento de la infraestructura ni la experiencia de 10 años de operación fueron suficientes para prevenir el siniestro”.

Por su parte, la provincia resaltó que la compañía no controló “en lo más mínimo” y “cada media hora”, como establece la norma, el circuito y las válvulas de venteo, “lo que prueba la clara negligencia de la empresa”, lo que fue ratificado por Tettamanti.

Los jueces de Cámara también destacaron que “la fuga fue advertida a raíz de la modificación en el caudal, habiendo transcurrido aproximadamente doce horas desde que se produjo la rotura hasta que fue informado el incremento de caudal, lo que denota una conducta negligente por parte de la empresa, consistente en el incumplimiento del Plan de Acción de Emergencia (PADE) y Plan Operativo de Monitoreo de Control y Mantenimiento, tal como lo expuso la autoridad administrativa en la Resolución“.

Por eso, rechazaron la apelación de la firma y confirmaron el fallo de primera instancia y la multa.

Otros incidentes

El 8 de septiembre de 2016, se produjo una fuga de solución cianurada, pero que no salió del valle de lixiviación y, por lo tanto, no afectó ningún río. Se abrió una causa penal, pero como no hubo contaminación, se archivó.

Lo mismo sucedió con el expediente a raíz del tercer incidente, que se registró el 28 de marzo de 2017, con el derrame de solución rica que tampoco salió del valle de lixiviación.

Por ambos casos, la provincia avanzó con un sumario administrativo que derivó en multas, las que se aplicaron a fines de 2017. La sanción total fue de poco más de 104 millones de pesos.

Minería & Desarrollo con información de Diario de Cuyo

 

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