Finalmente, y tras largos meses de negociación que incluyó la paralización de operaciones de la mina de cobre, el Gobierno de Panamá y First Quantum acordaron el texto final del nuevo contrato de concesión de Minera Panamá.
Tal como lo reflejan los medios panameños, el acuerdo se logró tras casi un año y medio: 15 meses de negociación y dos meses del proceso de redacción del nuevo contrato que reemplaza el de 1977, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“Lo más importante es que este contrato es beneficioso para Panamá y los panameños, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones bajo un entorno de inversión justo y equitativo”, expresó el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, quien dirigió las negociaciones.
La duración del nuevo contrato es por 20 años prorrogable por el mismo periodo, informó el gobierno en un comunicado emitido en conjunto con First Quantum.
Con este nuevo acuerdo, el gobierno espera alcanzar ingresos mínimos para el Estado por $375 millones en cada año de vigencia del contrato, es decir, diez veces más de lo que recibía el contrato ley de 1997, tal y como anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en enero de 2022.
“Después de un largo y arduo proceso de conversaciones, el contrato de concesión propuesto delinea las bases para el futuro de Cobre Panamá. Esperamos una larga y constructiva asociación con Panamá en los años por venir”, comentó el CEO de First Quantum, Tristan Pascall. citado en el comunicado
Entre los aspectos más destacados del contrato están: mayores protecciones laborales y medioambientales, disposiciones anticorrupción, amplias obligaciones de transparencia y de proveer información por parte de Minera Panamá; obligaciones para Minera Panamá de hacer transición hacia fuentes de energía más limpias; amplios poderes de supervisión para el Estado; y el derecho del Estado a adoptar medidas contra la evasión fiscal, reconocidas internacionalmente.
“El contrato garantiza un reparto equitativo de regalías e impuestos por los recursos naturales de Panamá en línea con otros países de la región”, señala el comunicado,
El contrato de concesión será sometido ahora a un proceso de consulta pública de 30 días y aprobaciones por parte del Gabinete de Panamá, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional.
Estos procesos de negociación se están dando a nivel mundial entre los gobiernos locales y las compañías mineras. Hace unas semanas en la Mesa del Litio, los gobernadores del norte argentino expresaron que comenzarán a discutir con las empresas que tienen proyectos en sus provincias algunos cambios que incluirán mayores ingresos para los Estados por la exportación de los minerales.
Por citar otro ejemplo, Barrick debió acordar con el gobierno de Pakistán la entrega de hasta el 50% de las ganancias de Reko Diq para poder avanzar con el proyecto. De hecho, ya desembolsó los primeros US$3 millones al gobierno provincial de Baluchistán. Esto para garantizar que los beneficios del proyecto comiencen a llegar a la gente mucho antes de que la mina entre en producción a través de regalías anticipadas y fondos de desarrollo social.
No fue la primera vez que debió ceder ante reclamos de mayores pagos de regalías. Ya había llegado anteriormente a un acuerdo similar con el gobierno de Papua Nueva Guinea, para compartir el 51% de todas las utilidades que se obtengan de la mina Porgera. Lo mismo le pasó en República Dominicana con su proyecto Pueblo Viejo.
