Dentro de la evaluación de Argentina, que se ubicó como la cuarta mejor región para invertir en minería, una observación sobre el país llamó la atención en el Informe Fraser.
Es que el presidente de una empresa de consultoría, al comentar sobre su análisis de la situación en Argentina, opinó que “el requisito obligatorio de contratar servicios con operadores locales cercanos o afiliados al gobierno local muestra una falta de transparencia y disuade la inversión”.
El informe, que presenta los resultados de la encuesta anual de 2023 del Instituto Fraser sobre empresas mineras y de exploración, clasifica provincias, estados y países según el grado en que los factores de políticas públicas alientan o desalientan la inversión minera.
En ese sentido y según la visión de los inversores y exploradores, el compre local con las condiciones impuestas por las administraciones provinciales para contratar a proveedores evidencia falta de transparencia y se convierte en un obstáculo para la inversión.
Otra crítica: las restricciones cambiarias
Otra de las cuestiones que dificulta la llegada de inversiones, según la opinión de los empresarios encuestados, fueron las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno anterior liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
“Las restricciones cambiarias impuestas por la administración nacional kirchnerista disuaden la inversión”, opinó el presidente de una empresa productora con menos de 50 millones de dólares.
Esto teniendo en cuenta que el informe fue realizado en base a datos del 2023, cuando el país todavía estaba bajo la administración peronista.
Cómo se realiza la encuesta
La encuesta elaborada por el Fraser es un intento de evaluar cómo las dotaciones minerales y los factores de política pública, como los impuestos y la incertidumbre regulatoria, afectan la inversión en exploración. Fueron incluidas 86 jurisdicciones.
La encuesta de este año incluye un análisis de los tiempos de permisos, como lo hizo la encuesta del año pasado. El Índice de Atractivo de Inversión tiene en cuenta tanto la percepción de los minerales como de las políticas.
“Construimos un Índice de Atractivo de Inversión general combinando el Índice de Potencial Mineral de Mejores Prácticas, que califica a las regiones según su atractivo geológico, y el Índice de Percepción de Políticas, un índice compuesto que mide los efectos de la política gubernamental sobre las actitudes hacia la inversión en exploración”, explica el Fraser.
El reconocido instituto, que es el principal centro de estudios de Canadá, indica además que, si bien es útil medir el atractivo de una jurisdicción basándose en factores políticos como regulaciones onerosas, niveles impositivos, la calidad de la infraestructura y otras preguntas relacionadas con políticas, el Índice de Percepción de Políticas por sí solo no reconoce el hecho de que las decisiones de inversión a menudo se basan en gran medida en el potencial mineral puro de una jurisdicción. De hecho, como se analiza más adelante, los encuestados indican consistentemente que los factores de política determinan alrededor del 40 por ciento de sus decisiones de inversión.
Qué preguntas incluye
La encuesta está diseñada para captar las opiniones de gerentes y ejecutivos sobre el nivel de barreras a la inversión en jurisdicciones con las que sus empresas están familiarizadas. Se pide a los encuestados que indiquen cómo cada uno de los 15 factores de política siguientes influyó en las decisiones de las empresas de invertir en diversas jurisdicciones.
- Incertidumbre respecto de la administración, interpretación o aplicación de las regulaciones existentes;
- Incertidumbre respecto de las regulaciones ambientales (estabilidad de las regulaciones, consistencia y oportunidad del proceso regulatorio, regulaciones no basadas en ciencia);
- Duplicación e inconsistencias regulatorias (incluye superposición federal/provincial, federal/estatal, interdepartamental, etc.);
- Sistema legal (procesos legales que sean justos, transparentes, no corruptos, oportunos, administrados eficientemente, etc.)
- Régimen tributario (incluye impuestos personales, corporativos, de nómina, de capital y otros, y complejidad del cumplimiento tributario);
- Incertidumbre respecto de las reclamaciones de tierras en disputa;
- Incertidumbre sobre qué áreas serán protegidas como áreas silvestres, parques o sitios arqueológicos, etc.;
- Infraestructura (incluye acceso a carreteras, disponibilidad de energía, etc.);
- Acuerdos socioeconómicos/condiciones de desarrollo comunitario (incluye compras locales o requisitos de procesamiento, o suministro de infraestructura social como escuelas u hospitales, etc.);
- Barreras comerciales (barreras arancelarias y no arancelarias, restricciones a la repatriación de ganancias, restricciones monetarias, etc.);
- Estabilidad política;
- Regulaciones laborales/acuerdos laborales y militancia laboral/interrupciones laborales;
- Calidad de la base de datos geológica (incluye calidad y escala de mapas, facilidad de acceso a la información, etc.);
- Nivel de seguridad (incluye seguridad física debido a la amenaza de ataque por parte de terroristas, delincuentes, grupos guerrilleros, etc.);
- Disponibilidad de mano de obra/habilidades.
