Este lunes por la tarde, el gobierno nacional y los gobernadores de 23 provincias firmaron por tercer año consecutivo el Consenso Fiscal que esta vez fija alícuotas máximas y permite a las provincias aumentar impuestos e incluso crear nuevos. Desde la Unión Industrial Argentina aseguraron que hay preocupación en el sector debido a que “incrementa la presión tributaria en el sector productivo al eliminar la reducción progresiva de ingresos brutos establecida originalmente en el año 2017”.
A través de un comunicado, los industriales expresaron que “específicamente en el sector industrial, que debería quedar exento del impuesto en el año 2022 de acuerdo al acuerdo original firmado en 2017, mantiene un tope de alícuota de 1,5%. Cabe aclarar que varias provincias incrementaron incluso sus alícuotas en los últimos años, aprovechando que se encontraban por debajo del máximo permitido”.
En ese sentido, puntualizaron que ingresos brutos es uno de los impuestos más regresivos y distorsivos del sistema tributario argentino actual”. Y agregaron que “al igual que el IVA, su carácter regresivo se debe a que no sólo perjudica la competitividad de las empresas, sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo”.
Explicaron que “su aplicación en cascada lo hace distorsivo, ya que se incorpora como un costo y por lo tanto es trasladado a precios. Es decir, el impuesto a los ingresos brutos grava varias veces el mismo valor agregado -por la inexistencia del cómputo de crédito fiscal- y se toma como costo de producción presionando sobre los precios”.
Los empresarios indicaron además que a eso deben sumarle un costo administrativo “muy elevado por ser el impuesto con mayor cantidad de regímenes de recaudación del país y con heterogeneidad de características en las distintas jurisdicciones. La existencia de diversos regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, además, hace que la alícuota efectiva que enfrenta cada empresa sea mayor que la que grava su actividad, ocasionando saldos a favor de difícil recuperación, que pierden valor con el paso del tiempo producto de la inflación (ya que no se actualizan)”.
Además, aseguraron que el impuesto a los ingresos brutos “tiene un impacto especialmente negativo en las exportaciones argentinas, por el costo incremental que genera en la producción local. En los sectores transables, como el industrial, la baja del impuesto a los ingresos brutos es muy relevante para la competencia con productos extranjeros, tanto al exportar como para competir frente a las importaciones en el mercado interno”.
Otro de los puntos del Consenso Fiscal 2022 que preocupa a los industriales es el impuesto a la herencia. Rechazan esta idea al considerar que “también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares. Además, este tipo de impuesto generaría doble imposición en nuestro país con el impuesto sobre los bienes personales. Los países del mundo que gravan la herencia de bienes no tienen un impuesto sobre los bienes personales, y viceversa. Es decir, se grava el patrimonio de forma anual o en el momento de transferirlo, pero no en ambos momentos, porque esto genera una doble imposición sobre la misma base imponible”.
Finalmente, insistieron con que Argentina requiere generar más exportaciones, fomentar la inversión y la generación de empleo formal, pero aseguraron que el Consenso Fiscal va en el sentido contrario a las medidas que necesita el sector para impulsar la economía del país.
